Los presos y el voto

La Junta Central Electoral (JCE) ha colocado nueva vez en su agenda el tema del voto de los presos preventivos, aparentemente desde una perspectiva garantista que busca “reconocer” un derecho que la Constitución de la República lo deja en suspenso.

La Junta Central Electoral (JCE) ha colocado nueva vez en su agenda el tema del voto de los presos preventivos, aparentemente desde una perspectiva garantista que busca “reconocer” un derecho que la Constitución de la República lo deja en suspenso.

De esto se habló en las elecciones de 2012, y en alguna medida se hicieron gestiones con la Procuraduría General de la República para establecer una logística para que esos internos votaran.

Pero entre la intención y la realidad primó la última. Dificultades materiales lo impidieron, pese a que el Pleno de la JCE aprobó un reglamento para que los detenidos preventivos ejercieran el sufragio.

No hubo conclusión acerca de la legitimidad de esa decisión. Se habla de que los detenidos no pierden sus derechos de ciudadanía hasta que no sean condenados de manera irrevocable.

Quienes opinan de esa manera se desentienden del artículo 24 de la Constitución de la República sobre la suspensión de los derechos de ciudadanía, que señala que “los derechos de ciudadanía se suspenden en los casos de: 1) condenación irrevocable a pena criminal, hasta el término de la misma; 2) Interdicción judicial legalmente pronunciada, mientras ésta dure…”

La “interdicción judicial” implica necesariamente la “privación de derechos civiles definida por la ley”. Cuando un juez pronuncia una prisión preventiva está suspendiendo los derechos civiles del interno. Y no debe haber lugar a discusión.

Además, el interés por conceder ese derecho de elegir normalmente debe provenir de la sociedad, o al menos, de los actores principales, que son los partidos, algunos de los cuales han expresado dudas, cuestionamientos y rechazos abiertos.

Naturalmente, los detenidos, sean preventivos o condenados de manera definitiva, tienen derechos, sus derechos humanos, pero se encuentran en un estado de interdicción porque están en conflicto con la ley.

¿Cuál es el interés de reivindicar derechos a quienes por infringir la ley los han perdido?

La JCE tiene muchas materias importantes por delante. Esta es pura distracción. Total, una sociedad atosigada por la violencia y la criminalidad, difícilmente se torne generosa para quebrantar una vez más la norma fundamental. 

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