Releyendo el anuncio del gobierno acerca de una “solución” al espinoso caso de Bahía de las Águilas, en Pedernales, no se encuentra forma de entender la verdadera naturaleza del plan.
Lo primero es que se comunica un acuerdo con los “propietarios” de las tierras, según el cual desistirían de la Litis, en base a una compensación porcentual sobre el valor de las mismas.
Se entiende que se habla de Bahía de las Águilas, donde precisamente se generaron unos intereses con un origen oscuro, que en su época obligó al gobierno a iniciar un proceso de reclamación.
El instrumento que facilita la negociación implica una renunciación del gobierno a la reclamación, toda vez que reconoce derechos a quienes posean “cartas constancias” y estén dispuestos a ceder los “derechos adquiridos”.
En una palabra, habría una suerte de borrón y cuenta nueva. Los tribunales serían dejados de lado y como siempre, quienes adquirieron esos bienes por vías muy cuestionadas terminarían con ganancia de causa.
El gobierno dejaría atrás la razón que movió al Estado, que fue la declaración de Bahía de las Águilas como un patrimonio protegido, parte de la reserva científica del Parque Nacional Jaragua.
Pero además, según el plan, “… Bahía de las Águilas queda completa y absolutamente excluida de ningún tipo de desarrollo, porque en el Plan de Desarrollo Territorial que elaboró Turismo se estableció que la única vocación que tenía Bahía de las Águilas en la parte de sus playas, era para playa pública y que el desarrollo interior de Bahía de las Águilas era sobre la base de un Plan de Manejo, elaborado y supervisado por Medio Ambiente…”
Esa explicación, suministrada por el Palacio Nacional, y atribuida al ministro de Turismo, constituye un galimatías difícil de comprender, porque si no habrá “ningún tipo de desarrollo” del área, que desde ya, según entendemos se maneja con un plan, para qué hay que hacer concesiones a los reclamantes.
Desde cualquier perspectiva, se requieren más explicaciones.
