Más y mejores empleos

A lo largo de los últimos meses se ha venido debatiendo en el país dos temas marcados por la Estrategia Nacional de Desarrollo (END): la cuestión eléctrica y la cuestión fiscal. Ambos son de una enorme importancia en el esfuerzo por lograr un país&#

A lo largo de los últimos meses se ha venido debatiendo en el país dos temas marcados por la Estrategia Nacional de Desarrollo (END): la cuestión eléctrica y la cuestión fiscal. Ambos son de una enorme importancia en el esfuerzo por lograr un país más productivo, más equitativo y más sostenible.Sin embargo, junto a ellos, la preocupación por el empleo ha venido emergiendo con mucha fuerza. Y no es para menos. A pesar de relativamente largos períodos de crecimiento económico, la tasa de desempleo se ha mostrado muy resistente a la baja, 5 de cada 10 personas están ocupadas en actividades informales, la mayoría de ellas precarias y de baja remuneración, más del 70% de la población trabajadora recibe menos de 20 mil pesos mensuales por su trabajo y más del 40% menos de 10 mil pesos, casi un cuarto se considera como personas sin calificación, la rotación laboral es muy elevada, y los salarios reales se han mantenido estancados por décadas. De allí que renovar las políticas en esta área sea tan urgente como en las otras.

Desde el punto de vista conceptual, como tantas veces se ha dicho, el empleo es el principal vínculo entre el crecimiento económico y el bienestar porque las remuneraciones laborales y las formas en que la gente trabaja son cruciales en su calidad vida. De hecho, la calidad del crecimiento debemos juzgarla en buena medida por cantidad y la calidad del empleo que resultan de él. Un empleo de más calidad es uno con mayor estabilidad y seguridad, mejor remuneración directa e indirecta, y mayor productividad. También lo es uno que contribuya a aprender más, y a habilitar a las personas para expandir sus oportunidades laborales.

La pregunta obligada es: ¿Qué podemos hacer para que el crecimiento contribuya a generar empleos de más calidad? La respuesta es doble. Por un lado, crear las condiciones y fomentar el surgimiento de empresas que de forma creciente generen muchos más puestos de trabajo y de más calidad, esto es, que requieran personal más calificado y mejor remunerado, que tengan ambientes laborales más estimulantes, y que promuevan el aprendizaje. Por otro lado, promover que las personas puedan habilitarse para encontrar mejores puestos de trabajo.

Para “cerrar”, se necesita que las empresas o instituciones que buscan personal, y las personas dispuestas y habilitadas para trabajar se encuentren. Eso significa hacer que el mercado laboral funcione, y para ello es necesario que la información fluya de tal forma que las personas conozcan dónde están las vacantes y que las empresas o instituciones tengan más oportunidades de contratar al personal que realmente buscan.

Fomentar empresas que creen empleos de calidad demanda que el país se dote de una nueva política de desarrollo productivo, abandonando el viejo esquema de incentivos fiscales y de contención de los salarios. Eso no significa necesariamente desmantelar los incentivos o decretar aumentos generalizados de salarios. Más bien no reducir las intervenciones públicas a esos dos instrumentos sino pensar en intervenciones sectoriales, a la medida y de alto impacto, que busquen contribuir al escalamiento tecnológico y la innovación. En la medida en que haya más empresas con procesos productivos más intensivos en conocimientos, la demanda de personal más calificado y de mayor remuneración será mayor.

Al mismo tiempo, los esquemas de incentivos merecen ser repensados y rediseñados para promover específicamente la creación de empleos, y no sólo la inversión, como es en la actualidad. En este ámbito hay que ser creativos. Los bajos salarios y los reducidos costos laborales son un incentivo para contratar, pero a la larga son contraproducentes porque sacrifican a las personas y mantienen los mercados constreñidos. Subsidios temporales para el primer empleo, en particular para mujeres jóvenes especialmente afectadas por el desempleo, o exenciones impositivas selectivas y temporales para actividades intensivas en empleos son alternativas que se deben explorar.

El empresariado se ha quejado reiteradamente de que los altos costes laborales limitan la contratación de personal y el avance de los negocios. Por su parte, el sector laboral y la sociedad en general han expresado su insatisfacción por los bajos niveles salariales y los reducidos beneficios sociales que se derivan de las relaciones laborales formales. La solución a esta contradicción no pasa por contraer los salarios y los beneficios, ni por decretar elevados incrementos salariales. Tampoco es inmediata sino de largo plazo y reside en lograr que la productividad del trabajo aumente más rápidamente que los costes laborales. Eso depende de las habilidades de las personas y de la inversión que hagan las empresas en equipamiento.

Como se puede advertir, los objetivos y los esfuerzos son de dos tipos, unos en cantidad y otros en calidad. Por un lado, hay que reducir el desempleo y eso se logra principalmente promoviendo la creación de muchos puestos de menor calificación. Por otro lado, hay que promover empleos más intensivos en conocimiento y de mayor remuneración y estabilidad. Buscar sólo incrementar la oferta de puestos de mayor calificación tiene el riesgo de no atacar el desempleo y de polarizar el mercado laboral entre quienes tienen empleos de mayor calidad y los que tiene ocupaciones precarias o no tienen empleo del todo, pero sólo procurar crear muchos puestos de trabajo para reducir el desempleo sin reparar en cómo mejorar la calidad media del empleo puede resultar en mantener los salarios y las remuneraciones sociales deprimidas, así como la inestabilidad y la precariedad laboral.

Por el lado de las personas, la prioridad debe ser fomentar las competencias, facilitar la información sobre dónde buscar trabajo y personal, promover relaciones laborales más estables y mutuamente convenientes para empleadores y empleados, y proteger a los trabajadores ante el despido sin que esto se constituya en un costo oneroso para los empleadores, especialmente para los pequeños negocios.

Las competencias de las personas se logran con más y mejor formación dentro y fuera del trabajo. Eso implica un gasto más pertinente del Estado en formación, lo que implica priorizar la formación en áreas que actualmente registran déficits de personal calificado o que se prevé que registrarán, pero también estimular oportunamente y certificar a los proveedores no estatales de servicios de formación. Con los adecuados incentivos tales como una remuneración atractiva, la capacitación para quienes ya están trabajando fomenta la estabilidad en el empleo. Nadie quiere perder un empleo bien pagado ni una trabajadora capaz y bien calificada, en la cual se ha invertido. Por su parte, la formación dirigida a quienes buscan su primer empleo, especialmente jóvenes, promueve que lo logren.

Conseguir que las personas que buscan trabajo tengan información oportuna sobre oportunidades de empleo es otro elemento clave. En esta tarea de intermediación laboral, el Estado puede jugar un rol facilitador. La Bolsa de Empleo del Ministerio de Trabajo en un ejemplo de ello, pero necesita mucho más vigor para lograr mayor efectividad.

Además, hay que lograr una legislación que permita conciliar los objetivos de proteger a los trabajadores y trabajadoras frente al despido con el de facilitar la contratación formal a fin de reducir los empleos informales y precarios.

Por último, hay que fortalecer la fiscalización y el cumplimiento de las normativas. Para ello, la legislación debería ser clara y sencilla para evitar litigios costosos e improductivos que terminan favoreciendo poco a los trabajadores y mucho a los litigantes, a la vez que se reduce la impunidad que prevalece en la violación de algunos de los derechos laborales fundamentales.

Más y mejores empleos no son un resultado automático de un elevado crecimiento, aunque este sea imprescindible. Tampoco se logran reduciendo los salarios y los costos laborales, o sólo con la voluntad de la política pública. Requiere de intervenciones integradas que estimulen la producción, las empresas y las personas en direcciones específicas, y de un marco institucional y regulatorio fuerte. Tenemos poco de todo eso, pero precisamente por eso hay que empezar ya a definir y construir. 

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