El Estado dominicano no ha recibido ningún informe por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sobre sus denuncias de violación de derechos fundamentales en el país.Así lo informó ayer el presidente Danilo Medina al momento de ser cuestionado sobre la posición del Gobierno respecto a los emplazamientos que hiciera la CIDH al país en la audiencia del pasado lunes.
En dicha jornada, la CIDH pidió una respuesta “inmediata” a las observaciones que emitió tras su visita “in loco” a República Dominicana, en diciembre pasado, en la cual recibió testimonios, denuncias y comunicaciones de 3,994 personas, que llevaron a la entidad a afirmar que aquí existen graves vulneraciones al derecho a la nacionalidad, situación que –asegura- se ha agravado con la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).
El jefe de Estado afirmó que el organismo solo habla de una supuesta vulneración de derechos humanos, pero que hasta el momento no han enviado ningún expediente a la República Dominicana en el que explique cuáles son esas violaciones y en qué consisten.
“Es que yo no he oído la acusación que hacen, porque no la han enviado, ellos han hecho comentarios (…) Nosotros no tenemos ningún documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos vinieron aquí y dijeron que iban a hacer un reporte, el reporte no lo hemos recibido, por lo menos yo no he visto, si lo tienen, no lo he visto”, explicó el mandatario.
Medina se refirió al tema luego de una reunión, en la mañana, con el dirigente del opositor Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, a quien pidió su parecer acerca del anteproyecto de ley de naturalización especial que el Poder Ejecutivo tiene previsto someter al Congreso Nacional y del fallo del TC.
Sin embargo, Medina subrayó que esas exigencias de la CIDH son parte de su rol.
“A mí no me gusta hacer juicio de valor con nadie, cada quien tiene su propia convicción de lo que hace y emiten sus ideas, y yo tengo las mías”, enfatizó.
Admite RD está bajo presión
El mandatario también reconoció que existe presión internacional contra el país en torno al tema migratorio y la sentencia del TC, pero afirmó que el Gobierno tiene la convicción de lo que tiene que hacer ante la situación que atraviesa.
“Hay presión internacional, ustedes lo ven todos los días y mucha gente está de acuerdo con lo que impone la sentencia y otras no, pero el problema de nosotros no es presión, es la propia convicción de lo que tenemos que hacer y en eso es que estoy con el liderazgo del país, consultando”, dijo. Respecto a ese proceso de consulta para la ley de naturalización, el mandatario dijo que los resultados se verán en el anteproyecto “muy pronto”.
Sobre la sentencia, Abinader dijo que sigue pensando que no es justa y que sabía que le iba a traer muchos problemas, pero que ya lo que quiere es una solución para los “desnacionalizados” y para el país.
Con Deguis “se hizo lo que dice ley”
Sobre el caso de Juliana Deguis, quien fue impedida de viajar a Estados Unidos con una visa especial y sin pasaporte, Medina aseguró que se hizo lo que establece la ley. “Aquí a nadie se le permite salir sin pasaporte”. No obstante, dijo que Estados Unidos tiene derecho de otorgar visa a quien quiera y el Estado a establecer sus reglas.
Advierte ningún acuerdo puede desconocer fallo
El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, consideró positivas las consultas iniciadas por el presidente Danilo Medina sobre el anteproyecto de naturalización, pero advirtió que ningún acuerdo político puede desconocer el fallo del TC ni las disposiciones claras que la Constitución establece en cuanto al carácter vinculante y definitivo de las decisiones de dicho tribunal. “Es muy positivo que el Presidente consulte a los distintos sectores sobre el proyecto de ley de naturalización, siempre y cuando se parta del respeto y acatamiento al fallo del Constitucional”, subrayó.
Dijo que el proyecto de ley que preparó el Ministerio de la Presidencia es totalmente contrario al fallo del TC, por lo que sería nulo de pleno derecho, conforme a la Constitución de la República. Informó que la iniciativa fue objetada por el ministro José Ramón Fadul, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, y el presidente de la JCE, Roberto Rosario. Castillo explicó que el proyecto consigna una amnistía y convalidación de actas de nacimiento de manera retroactiva a los hijos de ilegales nacidos en el país desde el año 1929.
