Santiago. Los constantes motines en el Centro de Corrección de Menores en Conflictos con la Ley, en Pastor, Bella Vista, han desatado quejas de dirigentes comunitarios del barrio que exigen el traslado del penal.
Los ánimos de los dirigentes de Pastor se alzaron y reaccionaron airados antes los planteamientos de Renzo Honoret, procurador interino de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando el funcionario acusó a la comunidad de Pastor de aupar el desorden y los conflictos que se generan en el penal para menores.
Fue motivo de molestias para los dirigentes comunitarios la afirmación de que el centro no tiene los problemas que el barrio denuncia, y que los jóvenes recluidos allí tienen un buen trato y que las reacciones de rebeldía no son por las condiciones del centro.
Sin embargo, Jonás Peña asegura que es todo lo contrario y retó a las autoridades a transparentar lo que ocurre en el centro, donde los motines se han repetido uno tras otro sin que haya cambios en las estructuras directivas.
Peña aseguró que los conflictos que se generan son un indicativo de la incapacidad de las autoridades para resolver los problemas y por la impunidad de “dejar hacer y dejar pasar”.
Estas contradicciones surgieron en un panel planteado por el gobernador de Santiago, Raúl Martínez y autoridades locales de la Procuraduría General de la República, quienes evaluaron las quejas de decenas de familias que exigen a gritos el traslado del centro de corrección de menores.
Los moradores de Pastor ya habían marchado por esta causa a raíz del último motín de hace dos semanas, donde varios jóvenes de un colegio cercano al centro sufrieron desmayos por los gases lacrimógenos, además de que produjo un enfrentamiento entre los agentes policiales y miembros de la comunidad que quisieron pasar de manera forzosa al centro para saber sobre sus familiares recluidos.
La procuradora general adjunta, responsable de los casos de niños y niñas en conflicto con la ley, Marisol Tobal, escuchó todas las quejas de los comunitarios y la sociedad de padres y amigos de las escuelas y prometieron una solución, aunque no a corto plazo, como la esperan los vecinos.
La funcionaria judicial censuró que se usen gases lacrimógenos para resolver una situación de motín y pidió a los quejosos, un plazo para hacer las evaluaciones de lugar para buscar una salida provisional en lo que se establece lo concerniente al traslado.
Las comunidades afirman que no es posible que el centro siga operando en el lugar por las implicaciones que representa para los centros educativos que están contiguos al recinto. Aseguran que una de las paredes colinda con una de los jóvenes recluidos y que estos molestan a las alumnas a quienes les vociferan obscenidades. Los dirigentes establecen que siempre se negaron a que se levantara la cárcel ahí, por entender que era inadecuado, pero que las autoridades alegaron que era una donación internacional que debían aprovechar para tales fines.
Jonás Peña
Dirigente
Ya sabemos las razones para que se traslade el centro. Es inadecuado aquí por las cercanías de los recintos educativos, pero hay problemas de drogas y armas. Nos preguntamos quién o quiénes permiten que pasen estas cosas, este es el primer problema que nosotros debemos resolver”.
Raúl Martínez
Gobernador
Quiero agradecer que para ustedes hacer estos reclamos hayan usado métodos adecuados, como las manifestaciones pacíficas y el diálogo y nos alegra sobremanera que me hayan permitido venir hasta aquí para plantear posibles soluciones a un problema que les afecta a estos barrios y comunidades”.
Marisol Tobal
Procuradora
Ciertamente esta táctica de la Policía de disparar gases lacrimógenos para dispersar un motín nos ha impactado bastante, porque sabemos que ninguna de las autoridades que tratamos el tema de la niñez estamos de acuerdo con esta práctica. Ya esos son asuntos del pasado, que no se deben aplicar”.
Muertos y lesionados
Desde que se construyó el centro para menores en el barrio Pastor, los conflictos han sido muy frecuentes, sin que hasta la fecha las autoridades hayan podido evitar las situaciones de fugas, rebeliones y otras manifestaciones de los menores recluidos allí. Además de las fugas ya se han registrado dos muertes, producto de estos inconvenientes. En mayo de 2009, Juan Carlos Cabreja, de 17 años de edad, murió tras ser afectados por quemaduras tras un incendio en una celda, también falleció su compañero de 16 años. El pasado lunes Luis Gabriel González fue apuñalado.
