El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ley que busca quitar la administración de los mercados de Cristo Rey, Villa Consuelo y Villas Agrícolas al Ayuntamiento del Distrito Nacional, justificando que la medida busca permitir la creación de una red nacional alimentaria y sería regenteada por una nueva institución pública llamada Mercados Agropecuarios Dominicanos (Mercadom). La nueva dependencia estaría presidida por un consejo integrado por el Ministerio de Agricultura, como presidente; un representante de Industria y Comercio, Salud Pública, Medio Ambiente, Pro Consumidor, Inespre, y tres representantes de la Federación de Municipios.
La construcción y gestión de los mercados es responsabilidad de los ayuntamientos, establecido en la Ley 176-07, de los Municipios y el Distrito Nacional, en su artículo 19, literal i. Esos centros de acopio son espacios con aspectos democrático, económico y social de vital importancia para los ciudadanos del Gran Santo Domingo. Esos mercados también son la principal fuente de ingresos propios, a través del cobro de arbitrios, que tiene el cabildo, que permite que entren recursos importantes al presupuesto y facilitan la construcción de obras y provisión de servicios. Permite compensar ante la negativa del Poder Ejecutivo de asignar el 10% del presupuesto nacional a los ayuntamientos, como lo establece la Ley 166-03. El traspaso de esos centros de ventas al Poder Ejecutivo podría implicar la creación de más burocracia y dejar fuera de la actividad comercial a miles de familias que ven en esos espacios la única esperanza de poder llevar comida a sus mesas. La experiencia reciente del Ministerio de Agricultura al frente del Merca Santo Domingo es una muestra de que los proyectos tardan años en arrancar y que al momento de asignar los puestos a los vendedores primero se atienden a los amigos del ministro. No es negativo pensar en la creación de una red nacional Alimentaria, que integre el circuito de mercados, a los productores, vendedores y consumidores. La iniciativa bien podría ser ejecutada a través de acciones entre los gobiernos locales y el Gobierno Central.
