MEXICO— México, un país que padece las consecuencias sangrientas de una guerra contra el narcotráfico, no puede ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de rendir homenaje a las víctimas de una ofensiva de seis años contra la delincuencia organizada, que ha cobrado unas 70.000 vidas.
El monumento del gobierno a esas víctimas se inauguró el viernes, cuatro meses después de haberse completado su construcción, en un acto público en el que algunos familiares de personas desaparecidas, en llanto, persiguieron a los dignatarios para implorarles ayuda a fin de encontrar a sus seres queridos.
Sólo algunas organizaciones reconocen el «Memorial de Víctimas», mientras que otros grupos eligieron otro monumento para colocar pañuelos donde estaban pintados los nombres de varios muertos y desaparecidos.
Esos opositores colocaron también mensajes de protesta contra el monumento oficial, en el que no está inscrito el nombre de una sola víctima.
«Otras organizaciones nos solicitaron otros espacios al estar en desacuerdo con este», reconoció el secretario de Gobernación (ministro del Interior), Miguel Angel Osorio Chong, durante el acto de inauguración del Memorial, el cual consiste en paneles de acero que sólo tienen inscritas algunas citas de pensadores y escritores famosos. «Lo único que nos detenía era buscar la conciliación, no la división. No se logró».
La disputa sobre el monumento se deriva del hecho de que el gobierno mexicano no ha documentado todavía en forma plena los casos de muertos y desaparecidos durante la guerra contra el narcotráfico, pese a las exigencias constantes de organizaciones de derechos humanos, la opinión pública y la propia agencia defensora de la transparencia en México. El gobierno anterior del presidente Felipe Calderón dejó de ofrecer un conteo de los muertos en septiembre de 2011, y la nueva administración de Enrique Peña Nieto sólo ha proporcionado estadísticas mensuales correspondientes a enero y febrero de este año.
El estimado de muertos va de 60.000 a más de 100.000, y el de desaparecidos oscila entre 5.000 y 27.000.
José Merino, profesor de ciencias políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dijo que sólo cuando el gobierno documente cada caso y reconozca que la violencia continúa la gente estará dispuesta a aceptar un monumento.
«Todavía no llegamos a un punto en el que como país podamos consensuar qué es lo que nos duele y por qué nos duele», opinó Merino. «La función del gobierno es estar documentando y no encimar piedra sobre piedra en memoriales».
Calderón, quien al comienzo desestimó las cifras y dijo que buena parte de los muertos eran criminales, propuso el monumento el año pasado, tras un largo proceso en el que se reunió con familiares de las víctimas, algunos de los cuales lo increparon por sus declaraciones anteriores.
Javier Sicilia, un poeta que ayudó a organizar un movimiento nacional por la paz y la justicia tras la muerte de su hijo, mostró de inmediato su rechazo a la idea del monumento, por encontrarse en una instalación militar. Muchos mexicanos consideran que las fuerzas castrenses han sido cómplices en abusos y desapariciones durante la guerra contra el narcotráfico.
En vez de apoyar el Memorial, Sicilia ha llevado a que su grupo se manifieste en otro monumento reciente, la Estela de Luz, una torre concebida para conmemorar el bicentenario del comienzo de la Guerra de Independencia, pero que se convirtió en un símbolo de la corrupción, debido a sus elevados costos y a las demoras en su construcción. Otros conocidos escritores y cineastas se han unido a Sicilia en su petición de que la controversial torre sirva para recordar a las víctimas de la violencia.
El monumento oficial inaugurado el viernes tiene en cambio el apoyo de dos de los mayores grupos defensores de los derechos de las víctimas en México. Alejandro Martí, dueño de una cadena de tiendas de artículos deportivos y fundador de México SOS tras el secuestro y muerte de su hijo adolescente pese al pago de un rescate, está entre ellos. Durante la ceremonia, reconoció que el gobierno tiene todavía una deuda con la ciudadanía: la presentación de una lista oficial de víctimas.
También hay apoyo al Memorial por parte de Isabel Miranda de Wallace, que fundó el organismo Alto al Secuestro luego de la desaparición de su hijo. Miranda de Wallace fue derrotada en las elecciones de 2012, cuando se postuló a la alcaldía capitalina por el Partido Acción Nacional, de derecha, al que pertenece Calderón.
