La relación comercial, social, cultural, económica y humana entre República Dominicana y Haití es una realidad innegable e inevitable, que mantiene obligadas a las autoridades de ambos países a establecer mecanismos de convivencia pacífica y de respeto a sus respectivas leyes y normas.
Pero las ventajas económicas de República Dominicana sobre Haití, hacen que cada vez más ciudadanos del vecino país se sientan interesados en venir a establecerse y de que sus hijos nazcan aquí y sean reconocidos como dominicanos.
Es cierto que la Constitución haitiana asume como ciudadanos de esa nación a todos los hijos de haitianos y haitianas nacidos en cualquier país; y también es cierto que nuestra Constitución establece que para ser dominicano, un ciudadano nacido aquí debe ser hijo de padres dominicanos, o extranjeros debidamente documentados.
Hay que reconocer el carácter legal de la resolución 12-2007 de la Junta Central Electoral (JCE) y su labor responsable por regularizar el estatus migratorio de todo residente en el país, sea nacional o extranjero. Pero también es verdad que los haitianos nacidos aquí, hijos de haitianos indocumentados que llevan décadas residiendo en territorio dominciano, necesitan su documentación y no pueden ser sencillamente excluidos del registro civil, sin que existan alternativas “prácticas” para resolver su situación.
Cada día, más y más haitianas y haitianos indocumentados procrean hijos e hijas que también son indocumentados y éstos, a su vez, se siguen multiplicando sin control, ampliando la población haitiana indocumentada en el país.
Esto implica más pobreza, más ignorancia, más costos para el Estado, más desorganización social y más críticas desde estamentos internacionales en contra de la imagen del país. Las leyes y normas deben ser respetadas, pero deben ser leyes aplicables. Es preciso que en algún momento las autoridades se sienten a buscar una solución pragmática a esta grave situación.
