Inducido probablemente por la ola de indignación causada por el acuerdo transaccional que legaliza los títulos de propiedad de una parte de la Bahía de las Águilas adquiridos de forma fraudulenta, el presidente Medina se reunió el martes con un selecto grupo de directores de medios para escuchar su parecer sobre la decisión del gobierno.
La versión oficial del encuentro dice que el mandatario no ha tomado decisión definitiva y por lo menos un diario señaló que desconocía aspectos de la operación. Un día antes, al expresar su enojo por la enajenación del patrimonio de un parque nacional, el senador de Peravia, Wilton Guerrero, quien como director del Instituto Agrario había iniciado aquel año las acciones judiciales contra la venta de esas propiedades, excusó al presidente diciendo que había sido sorprendido por asesores, invitándole a cancelar la censurada operación.
Confieso que estoy aturdido por tan originales esfuerzos para justificar un acto que ha escandalizado a la opinión pública y que incluso generó una crítica, poco usual, del director de Ética del gobierno, el abogado Marino Vinicio Castillo, asesor también en materia de drogas del mandatario. Si un presidente puede ser manipulado por asesores en un caso que envuelve un patrimonio tan importante como una zona protegida, de tan rica biodiversidad, no creo que le haga bien un reconocimiento público de esa debilidad por parte de un miembro de su propio partido.
Y confieso también que no alcanzo a entender que las consultas del jefe del Estado sobre el asunto sean posteriores al anuncio, hecho en el mismo Palacio Nacional, por el consultor jurídico y dos ministros, que actuando con un poder presidencial, revelaran el acuerdo en virtud del cual y bajo el pretexto de propiciar proyectos de desarrollo en la provincia Pedernales, podría legalizar uno de los fraudes más grandes contra la República Dominicana.
