La Junta Central Electoral (JCE) informó de su decisión de distribuir los recursos estatales correspondientes a los partidos políticos, según lo indicado en la Ley Electoral No. 275-97. Para los años electorales, esta legislación establece que se entregará a los partidos el 1/2 % de los ingresos nacionales. En total, estas organizaciones recibirán RD$1,610 millones, de los cuales el 80 % se distribuirá en partes iguales entre el PRD, el PLD y el PRSC, pues obtuvieron al menos el 5% de los votos válidos en las últimas elecciones. El restante 20% se destinará a los demás partidos.
Los partidos políticos dominicanos, sólo para proselitismo electoral y ventas de promesas a los votantes, recibirán un presupuesto que será 1.4 veces mayor que el del Ministerio de Energía y Minas, que se encarga de la formulación y administración de la política energética y de minería del país. O bien, recibirán dos veces más recursos que el Ministerio de Administración Pública, que se encarga de la profesionalización y modernización del Estado dominicano. Uno solo de los partidos políticos tradicionales, el Partido Reformista, por ejemplo, tendrá un presupuesto similar al del Ministerio de la Mujer o el Ministerio de la Juventud.
El Estado destina demasiado dinero a los partidos políticos en un sistema de financiamiento mixto, es decir, donde reciben a su vez cuantiosos recursos procedentes de fuentes privadas. Este financiamiento es aún mayor, si tomamos en cuenta el financiamiento indirecto a políticos que desempeñan cargos públicos, a través de fondos para ayudas sociales que no sirven para otra cosa que no sea el proselitismo político permanente. Prueba de esto lo constituyen el barrilito y el cofrecito.
La anterior es una de las razones por las que no se ha aprobado una ley de partidos políticos. No se quiere cambiar una regla de juego que da cuantiosos beneficios financieros a los partidos tradicionales. La disposición de que se destine al financiamiento político un porcentaje de los ingresos nacionales, hace que todos los años este crezca de manera significativa. Regular el financiamiento a los partidos es una necesidad, tanto para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas, como para reducir el monto anual entregado a estas organizaciones.
Una reforma de esta naturaleza deberá tener en cuenta el modelo de financiamiento público a partidos, establecido en otros países de la región. En esos lugares se entrega a cada partido un monto predeterminado en función de los votos obtenidos en las elecciones anteriores. Solo así se impedirá un crecimiento permanente de las partidas presupuestarias destinadas a las organizaciones políticas.
