Los acontecimientos políticos vividos en los últimos días en nuestro país son una muestra patética del deliberado propósito de los gobiernos del PLD de seguir controlando a su conveniencia la vida nacional, manipulando voluntades, venciendo en base a espurios acuerdos cuanto obstáculos encuentren en el camino para poder seguir manejando como propias las instituciones del Estado.
El acuerdo entre las dos facciones dentro del PLD retrata de cuerpo completo esta visión absolutista del poder, al establecer que la modificación de la Carta Magna de la Nación y la decisión sobre quiénes son los representantes del pueblo en el Congreso y las alcaldías, debe responder simplemente a la voluntad de los 35 miembros del Comité Político de dicho partido, como si todos los demás ciudadanos no contáramos.
Algunos se ilusionaron pensando que esa actitud representaba solo a una de las facciones. Luego de este acuerdo y de la atropellante forma en que se aprobó, promulgó y publicó la Ley de Convocatoria de la Asamblea Revisora y como de seguro intentarán aprobar la modificación de la Constitución para únicamente beneficiar al presidente Danilo Medina de poderse reelegir de manera consecutiva, han demostrado que se trata de un perfil único de caudillismo, aunque se vista con ropajes distintos.
Los 11 años continuos de administración peledeísta han dejado claro que para su liderazgo solo ellos pueden decidir los temas nacionales y que evitarán a toda costa contrapesos y reglas que coarten su capacidad de control, y que están dispuestos a cruzar los límites para alcanzar estos propósitos. Por eso poco a poco se fueron apoderando de las instituciones y de los poderes del Estado.
Las elecciones del 2016 significan mucho para nuestro país, pues no solo se trata de elegir su presidente y vicepresidente, sino todos los alcaldes y regidores, así como todos los senadores y diputados, los que por haber votado a favor de la modificación constitucional del año 2010 se ganaron una extensión del mandato a 6 años y por votar la modificacíon a un artículo de esa misma Constitución están apostando a ganarse cuatro años más; lo que evidencia que no votan por lo que creen, sino por lo que les beneficia.
Es evidente que el poder, el manejo de los medios de comunicación, el control del Estado y la ambición de seguir siendo una casta privilegiada que todo lo puede, ha enceguecido a buena parte del liderazgo político, que está dispuesta a conseguir su objetivo aunque sea a costas de socavar nuestras débiles instituciones, el sistema de partidos y la democracia misma; por eso se han opuesto ferozmente a la aprobación de una ley de partidos y de una ley electoral que garanticen la transparencia y el fortalecimiento institucional y democrático.
Lo que aconteció en Venezuela debería ser para nuestra sociedad una profecía tan alarmante como la de Jonás sobre Nínive. No se trata de esconder la cabeza y pensar con el bolsillo, sino de despertar la conciencia y darse cuenta que hay dos caminos, uno para beneficio de un partido y sus acólitos, y el otro que debemos trillar los millones de dominicanos que queremos tener no solo voz y voto, sino instituciones y reglas que sean respetadas para que en vez de que las decisiones nacionales solo dependan del capricho de un partido gobernante, las mismas respondan a lo que la nación requiere.
