Cada año, República Dominicana debe afrontar ante un organismo internacional, generalmente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, cualquier denuncia sobre violación de derechos, sobre todo vinculados a nacionalidad. Eso ocurre pese a que el país tiene muy claro en su Carta Sustantiva las calidades requeridas en esa materia. El artículo 18 de la Constitución de la República establece todas las vías mediante las cuales se obtiene la nacionalidad.
Siendo así, no existen motivos para que personas nacidas en República Dominicana, no encuentren las vías de derecho para alcanzar la nacionalidad dominicana, aunque no sean hijos de dominicanos.
Resulta todavía más preocupante, que algunos ciudadanos que se sienten con derecho a optar por la nacionalidad dominicana, inicien los trámites en las instancias administrativas y judiciales, y sin siquiera completarlos, recurran a organismos internacionales a denunciar el país por supuestamente violarles sus derechos.
En el pasado, lo que ocurría era que sucesivamente se hacían las denuncias, incluso, de violación a derechos humanos, y las autoridades no asumían su rol de defender el sentido de la ley y la Constitución.
De esa forma, se ha ido conformando una imagen externa de que la República no respeta los derechos humanos. Con razón, la Cancillería, ya cansada de tantas denuncias, ha reclamado que cesen las mismas.
En cualquier caso, la Nación tiene todos los instrumentos e instancias legales y constitucionales donde se pueden reclamar los derechos de nacionalidad. En materia de identidad, los procedimientos están claramente establecidos, y los mismos deben ser agotados por los afectados, sean dominicanos o de otras nacionalidades.
A nadie extraña que cientos de miles de personas nacidas aquí, de padres y madres dominicanos, con toda la documentación de identidad disponible en sus manos, tengan descendientes no registrados o declarados. Son las falencias de nuestra democracia. Reflejan el grado de marginalidad y exclusión social en que desempeñan sus vidas. Muchas veces, por desconocimiento de la importancia de la necesidad de declarar oportunamente a sus descendientes. Un problema que debe ser resuelto por las autoridades dominicanas mediante las normas establecidas.
