Fue aprobado en primera lectura, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que busca modificar el Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con el propósito de endurecer las sanciones máximas imponibles contra los menores que delinquen.El proyecto contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión para los que tengan entre 13 y 15 años de edad cumplidos y establece penas máximas de hasta 15 años de prisión para los menores entre 16 y 18 años.
Esto constituye una respuesta a una petición popular, debido a la preocupación de los dominicanos respecto a la rapidez con la que salen de las cárceles menores que cometen delitos atroces. Y el tema adquirió un repunte en el pasado reciente con el caso de la banda de menores que asesinaba a taxistas, toda vez que, aunque eran menores de edad, evidenciaban absoluta consciencia de lo que estaban haciendo con premeditación y planificación, y no mostraron arrepentimiento alguno ni temor de ser encarcelados, probablemente porque estaban claros de que en la normativa vigente sólo iban a pasar poco tiempo en prisión, para salir de allí siendo aún jovencitos y con un “Doctorado” en delincuencia, representando una amenaza todavía mayor para la sociedad.
Sin embargo, a pesar de que esta modificación constituye una buena decisión, difícilmente logre los resultados deseados si no es acompañada de otras modificaciones de disposiciones legales que al día de hoy impiden una adecuada impartición de justicia, tales como la necesaria revisión del Código Procesal Penal en varias de sus partes o la urgente creación de un nuevo Código Penal más ajustado a la actualidad.
Por ejemplo, aquí resulta muy fácil la reducción de la condena en la práctica, es decir, que aunque a una persona la sentencien a 15 años, es común que dicha persona sea liberada una vez cumplida la mitad de su sanción. De hecho, tan común es esto que los pocos que han cumplido largas condenas completas en el país son recordados por la clase jurídica y por los mismos presos por sus nombres y apellidos.
Esto significa que algo que debería constituir una situación de excepción es la regla en el sistema dominicano. Por tanto, si a un menor de 15 años lo condenan a 10 años de prisión por la comisión de un horrendo delito, muy probablemente a los 20 ya se encuentre libre y cometiendo nuevas y peores fechorías.
Si no se hace una reforma integral que contemple aspectos como este y otros más, será como ponerle un bandita a una herida de bala, que entretiene pero no la contiene y el desangramiento será inevitable.
