Los efectos de la reforma fiscal se han venido sintiendo con gradualidad. Aprobada el año pasado, entró en vigencia plena en enero y durante ese mes empresarios generosos del sector consumo ayudaron a atenuar moderadamente la percepción de su impacto.
Ahora se anuncia otro ramalazo del que nos habíamos olvidado, el nuevo régimen impositivo para la circulación de vehículos de motor, que más bien debería referirse a la propiedad de los mismos, según se deduce de los artículos 5 y 6 de la norma general 03-2013, que establecen un período de pago y un sistema de penalidades por atraso. Es decir, que si Ud. tiene un vehículo estacionado en su casa debe pagar indefectiblemente el impuesto, aunque no lo utilice.
El monto a pagar por ese impuesto es del uno por ciento anual, según la ley 253-12, es decir, la ley de la Reforma Fiscal, pero en ningún caso el monto podrá ser inferior a RD$1,200, ajustado a la tasa de inflación. La tasación del monto quedará en manos de la DGII, con la posibilidad de que el contribuyente pueda pedir una revisión de la valoración, pero ya sabemos cómo son los rigores de esa dependencia. Predominará su parecer.
Llama la atención el tratamiento especial que reciben los vehículos de transporte público, lo que se interpreta como una protección a ese servicio. Sin embargo, la norma pudo considerar también un régimen especial para los transportistas de alimentos, aunque hay que reconocer las dificultades para su inventario y registro.
En cualquier caso, la clase media continuará cargando pesado. Aumentos desde 25% hasta 1,100% sobre un medio vital para el desempeño. Será un enorme sacrificio. Porque a este impuesto hay que añadir el costo del seguro, siempre hacia arriba. Considere también los gastos por mantenimiento y la depreciación.
Todo eso hará más difícil la vida de las personas, al margen de las justificaciones en nombre de un “desarrollo sostenible” bueno para unos cuantos. Para los más, simplemente insostenible.
