Desde hace 14 años reposaba en el Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar sustancialmente el Código Penal Dominicano, que siendo inalterable por 130 años sin dudas requería con urgencia ser actualizado y en algunos temas esenciales ser adecuado a la realidad dominicana.
Luego de muchos debates, largas pausas y una espera que parecía interminable, finalmente fue aprobada en ambas cámaras legislativas una modificación integral del Código Penal, introduciendo cambios en 82 artículos, que ya sólo está pendiente de promulgación u observación por parte del Poder Ejecutivo.
En términos generales los cambios tienden a la creación explícita de nuevos tipos delictuales, como la desaparición forzada de personas, los negocios piramidales, el abandono de menores, los fraudes electrónicos, las agresiones con “ácido del diablo” y otras sustancias químicas, la tipificación del sicariato y el establecimiento de la figura del autor intelectual bajo el título de “sicario”, entre otras cosas, y al endurecimiento de las sanciones imponibles, tanto mediante el establecimiento en la norma de la figura del cúmulo de penas con un tope de 60 años como el aumento de penas máximas hasta 40 años para ciertos delitos como los asesinatos en el marco de la violencia doméstica.
Aunque claramente se trata de una pieza histórica y desde hace tiempo necesaria no debe la población creer que es el “chapulín” que acabará con la delincuencia e incrementará la seguridad ciudadana como algunos han declarado en los medios, pues es un buen y moderno código pero la política criminal en el país tiene graves fallas relativas a los procedimientos que escapan de su radio de acción, como las deficiencias probatorias y errores en la investigación que se han puesto de manifiesto en tantos casos de conocidos criminales que los jueces se han visto forzados a liberar por falta de pruebas.
Si hay una real intención de los legisladores de mostrar tolerancia cero al crimen en República Dominicana e involucrarse activamente en la lucha por la seguridad deben aprovechar este momento en que recién se aprobó un Código Penal prácticamente nuevo para hacer otra revisión del Código Procesal Penal que permita corregir puntos que no fueron estudiados en la última modificación como lo relativo a la reincidencia. Si aprovechan y lo hacen ahora tendrían un alto sentido de oportunidad que podría dar paso a, por primera vez en muchos años, tener una legislación penal en completa armonía y por ende con probabilidades de ser más efectiva.
