La ominosa e inconstitucional sentencia del Tribunal Constitucional que despoja de la nacionalidad a dominicanos y dominicanas descendientes de migrantes es probablemente el revés más grande que haya recibido la lucha por una sociedad más incluyente y humana en los últimos años. Su capacidad de dañar vidas y de tronchar oportunidades es inmensa porque convierte en extranjeros, y posiblemente en indocumentados, a decenas de miles de personas, lo cual implica que tendrán mucho menor capacidad para reclamar derechos y aprovechar oportunidades.
La mayoría de ellos son descendientes de migrantes de Haití, lo cual por sí mismo es una desventaja en un país con un anti-haitianismo tan arraigado, producto de decenas de años de educación trujillista que gobiernos electos se han negado a reformar.
Pero, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas han sido reconocidas por el Estado dominicano como nacionales y podrían ser despojadas de sus derechos como tales?
La Primera Encuesta Nacional de Migrantes en la República Dominicana de 2012 auspiciada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Unión Europea (UE) encontró que en el país unas 244 mil personas son dominicanos y dominicanas descendientes de migrantes. Esto representa el 2.5% de la población total del país. De esos, 210 mil (86%) son descendientes directos de migrantes de Haití. No obstante, el reporte de la encuesta no aclara si son descendientes de uno o ambos progenitores migrantes. El dato es importante porque si uno de ellos es no migrante, la persona queda protegida de los efectos de despojo de la sentencia.
Sin embargo, no todos los descendientes de migrantes irregulares serían despojados de su nacionalidad simplemente porque una parte nunca ha sido reconocida como nacional porque no cuenta con un acta de nacimiento, que es el documento probatorio de que nació en territorio dominicano. La encuesta dice que sólo el 55% de los y las descendientes de migrantes, unas 115 mil personas, cuenta con una, de tal forma que ese es el número de personas que, en principio, y siempre que uno de sus progenitores no sea o haya sino nacional, podrían ser despojadas de nacionalidad.
Sin embargo, a esas 115 mil personas habría que sumarle los y las descendientes de éstas, es decir, segunda, tercera y quizás hasta cuarta generación, en caso de que ambos progenitores estén en situación similar. El número total que resulta de esta infausta cascada, de la cual las víctimas no tienen responsabilidades sino el propio Estado, es muy difícil de estimar sin tener acceso directo a los registros administrativos.
Además del número base mencionado, la encuesta provee evidencia de que los y las descendientes de migrantes tienen un perfil mucho más cercano al del resto de la población que al de la población migrante. Veamos dos aspectos: el laboral y el educativo.
En cuanto al primero, los descendientes de migrantes se emplean en sectores similares al resto de la población, principalmente comercio (23%), servicios (19%-25%), agricultura (14%-16%), manufacturas (10%) y construcción (6%-13%) En contraste, los migrantes trabajan abrumadoramente en actividades como agricultura (36%) y construcción (26%). Igualmente, los descendientes de migrantes tienen una tasa de desempleo similar a la media nacional (14%), mientras que entre los migrantes, como es esperable, es menor (12%).
Igualmente, los y las descendientes de migrantes muestran logros educativos parecidos al resto de la población, en contraste con la población migrante que tiene menos logros. Entre los descendientes de migrantes, un 10% nunca fue a la escuela, igual que en el resto del país, mientras entre migrantes es un 22%. A su vez, un 60% alcanzó la escuela primaria comparado con un 56% en el resto de la población. Entre migrantes, menos de un 50% alcanza la primaria.
En síntesis, la evidencia parcial que provee la encuesta ayuda a empezar a dimensionar el tamaño del problema que ha causado la retrógrada sentencia y sugiere que no sólo hablamos de dominicanos y dominicanas por derecho, sino también de personas que, a juzgar por las actividades a la que se dedican y por sus logros educativos, no se diferencian de la media nacional, y son parte integral del país.
