La embajada de los Estados Unidos ha manifestado su interés de que la Junta Central Electoral acredite como observadores del proceso comicial del próximo 15-M a 26 miembros del personal de esa misión, algo que de ser aceptado por el órgano electoral sentaría un precedente pernicioso para su autonomía.
El propósito de la representación estadounidense puede surgir de un interés legítimo porque el próximo enfrentamiento electoral quede rodeado de la mayor transparencia, algo a lo que nadie que se respete puede oponerse.
Sin embargo, detrás de ese «interés legítimo» pudieran esconderse otros designios que solo se conocerían dentro de 20 años cuando el laborantismo abarcador que lleva a cabo la misión norteamericana en la República Dominicana quede desclasificado.
Por ahora, y en el mejor de los casos, ese interés es sospechoso. Y lo es, pues en América Latina, desde elección de autoridades hasta referendos, se han celebrado en los últimos 12 meses procesos en Argentina, Bolivia, Haití, Perú y Venezuela, y en ningún caso los norteamericanos han acreditado observadores.
Resulta que la observación electoral está reservada a organismos multilaterales, no a Gobiernos, ya que, como han argumentado el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, y el canciller Andrés Navarro, la acreditación de observadores por parte de un Estado puede colidir con la autodeterminación.
¿Qué quieren saber los estadounidenses que no pueda ser provisto por la observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), o su alicate y marioneta en el país que lo es Participación Ciudadana, cuyo financiamiento proviene de la USID?
Hay quienes aventuran la sospecha–solo una sospecha probablemente injustificada–que de ser acreditados, los eventuales observadores del Gobierno de EE.UU pudiesen llevar a cabo una tarea más comprometedora que la simple verificación de apertura oportuna de colegios electorales, incidentes en las filas de votantes, buen comportamiento de las fuerzas del orden, etc.
Sospechan sobre la posibilidad de que estén documentando la obstaculización del voto a alegados dominicanos para engrosar el expediente que vienen manejando junto con la Comisión Interamericana de los Derechos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos órganos de la OEA que, casualmente, Estados Unidos no reconoce. Y es que, frente a los norteamericanos permanentemente tenemos que apelar a Hermann Hesse: «Hay que preguntar siempre, hay que dudar siempre».
