Washington. Organizaciones civiles denunciaron ante la CIDH el «proceso de desnacionalización» que vive República Dominicana como un «genocidio civil retroactivo» dirigido de forma «desproporcionada» contra ciudadanos de origen haitiano.
Acusaron al Estado dominicano de negar la nacionalidad de forma vehemente. Las acusaciones presentadas ayer ante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el proceso de «desnacionalización» en República Dominicana se centran en la resolución 12/07 de la Junta Central Electoral (JCE), emitida en 2007 para decretar la suspensión provisional de actas de nacimiento «viciadas o instrumentadas de manera irregular».
Las ONG también denunciaron la aplicación con efecto retroactivo de la Ley de Inmigración de 2004, que modificó los criterios para obtener la nacionalidad dominicana, y la reforma de la Constitución que entró en vigor el año pasado, que también estableció que los niños nacidos de padres no residentes no tienen derecho al reconocimiento de la nacionalidad dominicana.
Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y varias organizaciones dominicanas, estas leyes están teniendo un impacto «desproporcionado» en un grupo muy específico del país: la población de ascendencia hatiana que, en aplicación de estas normativas, afirmaron, está viendo revocadas sus actas de nacimiento y en consecuencia no pueden acceder a derechos fundamentales como la sanidad o la educación, entre otros.
«Se revela un proceso progresivo de negación de la documentación, lo cual expresa la voluntad política del TJC de mantener a ese grupo poblacional sin documentación», sostuvo por su parte la representante de la organización Servicio Jesuita a Refugiados/as y Migrantes (SJRM), Digna Adames.
«Hay pruebas suficientes para describir una práctica sistematizada encaminada a negar un derecho que tienen miles de dominicanos a vivir como nacionales de su país», agregó.»Eso es lo que nosotros denominamos un genocidio civil retroactivo», acusó. Adames aseguró que hasta el momento se han documentado 1,584 casos de dominicanos de ascendencia haitiana afectados por estas normativas, si bien estimó que «miles más» sufren la misma situación.
La cancillería destaca defensa hecha por el país
WASHINGTON, D.C. La República Dominicana montó ayer una vigorosa defensa de su respeto a los derechos humanos y las normas constitucionales al rebatir con hechos concretos las denuncias de una serie de organizaciones no gubernamentales de que hay en marcha una política de Estado para «desnacionalizar» a dominicanos de ascendencia haitiana.
De entrada, una comisión especial designada por el Ministerio de Relaciones Exteriores refirió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la audiencia temática convocada solo podía conocer, de acuerdo a sus reglamentos, «testimonios o informaciones sobre la situación de los derechos humanos en uno o más Estados o sobre asuntos de interés general». Así, los embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Casa Blanca, Roberto Saladín y Aníbal de Castro, asistidos por el director general de Migración, José Ricardo Taveras y Mayerlyn Cordero Díaz, representante alterna ante la OEA, plantearon que los solicitantes introdujeron el tema con un carácter general pero, en la práctica, contravinieron el reglamento de la Comisión al someter casos particulares. El punto importa porque esos casos aún se encuentran bajo conocimiento de las autoridades dominicanas competentes y no son susceptibles, en su etapa actual, de ser llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber adquirido el carácter de definitivamente juzgados. Pese al convencimiento de los delegados del Estado dominicano de que la audiencia era improcedente, indicaron que responderían los argumentos «dentro del espíritu de respeto y transparencia que debe caracterizar a un Estado democrático”. De inmediato aseguraron que en parte alguna del contenido de la Resolución No. 12 y la Circular No. 17 de la Junta Central Electoral (JCE) se hace referencia a criterios de índole racial para suspender las actas del Estado civil, como tampoco en la implementación de esas disposiciones. De acuerdo a las organizaciones solicitantes de la audiencia temática, esas resoluciones han servido para cancelar la nacionalidad a «miles» de dominicanos de ascendencia haitiana.
Por el contrario, de acuerdo a los postulantes por el Estado dominicano, ambas disposiciones «responden a un esfuerzo para mejorar la institucionalidad de nuestras Oficialías del Estado Civil, puesto que se trata de un procedimiento para detectar fraudes e irregularidades».Expusieron que los solicitantes argumentan como una prueba el sometimiento a la JCE de un documento contentivo de 417 casos de dominicanos a los que se les habría negado la expedición de sus documentos por consideraciones raciales, pero que sin embargo se trata solo de 120, y de ellos quedan apenas 40 por resolver en razón de que la documentación que los sustenta es incompleta. Se preguntaron por qué no se han sometido a la JCE más expedientes si así lo ha pedido esa institución a los denunciantes. Como comprobación de su argumento, los delegados estatales mostraron una carta de la coordinadora del departamento legal de MUDHA, una de las organizaciones acusadoras, en la que se pide a la JCE que «interpongan sus buenos oficios a fin de que se realice una búsqueda de estos documentos en las entidades encargadas a estos fines”.
Una de las expositoras de las ONG’S, Ana María Belique, se quejó de que se le había negado la documentación requerida, y se dijo también que la JCE había desacatado una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordenaba descontinuar la disposición que le impedía acceso a un acta de nacimiento. Sin embargo, los representantes oficiales mostraron una copia del acta de nacimiento expedida por la JCE en acatamiento a la sentencia judicial y le preguntaron cómo había viajado a Estados Unidos si carecía de documentación.
