ONU pide mejorías en las prisiones latinoamericanas

GINEBRA. La oficina de derechos humanos de la ONU pidió a Honduras y los gobiernos alrededor de América Latina que frenen “un alarmante patrón de violencia en las prisiones de la región”.

GINEBRA. La oficina de derechos humanos de la ONU pidió a Honduras y los gobiernos alrededor de América Latina que frenen “un alarmante patrón de violencia en las prisiones de la región”.Un portavoz del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU dijo ayer que es necesaria una investigación independiente respecto al incendio del miércoles en la cárcel de Comayagua en Honduras que dejó 355 personas muertas.

Rupert Colville dijo que Honduras debe prevenir algo recurrente. Asimismo, agregó que la crónica sobrepoblación carcelaria, la falta de condiciones sanitarias, pobre cobertura de salud y otros problemas “no se limitan a Honduras”, pero también contribuyeron con “una ola de violencia en prisiones en toda América Latina” en semanas recientes dejando muertos en Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile.

Preocupan las tragedias

La oficina considera que el fuego que arrasó la cárcel de Comayagua en Honduras esta semana no es más que otro triste ejemplo de otras tragedias que han ocurrido en la región en la última década.

“La oficina está preocupada porque los problemas que afectan a las prisiones no se limitan a Honduras. Hace pocas semanas, hubo una ola de violencia en las prisiones de Latinoamérica, y se perdieron vidas en Uruguay, Argentina, Venezuela y Chile”, cita el comunicado distribuido por el organismo.

 “El año pasado cinco jóvenes prisioneros perdieron su vida y muchos otros quedaron heridos durante un incendio en un centro de detención juvenil en Panamá”, agrega la nota.

 Para la oficina del Alto Comisionado, estos eventos demuestran un “patrón de violencia en la región, que es una consecuencia directa -y se agrava por- una larga lista de problemas endémicos que incluyen cárceles saturadas de forma crónica, y la falta de acceso básico a condiciones higiénicas mínimas”, agrega.

Colville señaló que esta situación se exacerba por la lentitud de la Justicia y por el “abuso” del uso de la prisión preventiva.

 “La saturación provoca que no haya comida suficiente para todos, que no haya espacio, que no haya agua para beber y para lavarse, y todo eso provoca violencia y ésta lleva a tragedias como la ocurrida esta semana”, agregó el portavoz.

 La nota cita casos de abusos y no respeto de los estándares internacionales en Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela.

En relación a la tragedia de Comayagua, la oficina pide una investigación independiente que determine las causas del incendio, y solicita a las autoridades que tomen las medidas necesarias para evitar que suceda una nueva tragedia.

“El incendio de esta semana es el tercer fuego de estas características que causó decenas de muertos en una prisión hondureña en una década”, recordó el organismo.

Sigue calvario de familiares

Decenas de familiares continuaban visitando la cárcel para ver a los reclusos que sobrevivieron al incendio del centro penal, mientras los forenses trabajan arduamente para identificar a los 356 reos que murieron calcinados.

La cifra de muertos en el incendio de la granja penal de Comayagua se elevó a 356 cuando Nery Gómez Padilla, de 31 años, murió en el hospital Escuela de Tegucigalpa por las quemaduras que tenía en el 90% del cuerpo, dijo Juan Carlos Fúnez, jefe de Cirugía Plástica de esa institución estatal.

Pandilleros de EE.UU. presentes en cárceles

El incendio carcelario más mortífero ocurrido en un siglo ha centrado la atención en un desdichado fenómeno exportado desde Estados Unidos a la América Central: las pandillas callejeras.

Las prisiones de Honduras y el resto de Centroamérica están llenas de reclusos que pertenecen a pandillas con raíces en el sur de California. Los refugiados de las guerras civiles de la región se inclinaron por un nuevo tipo de violencia en las calles de Los Ángeles en la década de 1980.

Cuando Estados Unidos aceleró las deportaciones de delincuentes en la década de 1990, trajeron a El Salvador, Guatemala y Honduras sus hábitos brutales. En todos esos países había escasa presencia policial y un sistema de prisiones inadecuado.

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