El Tribunal Constitucional hizo pública ayer varias decisiones, entre ellas dos que vinculan al Ministerio de Interior y Policía y a Medio Ambiente.El Tribunal Constitucional ordenó ayer al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales construir una mejora que fuera arbitrariamente destruida para dar paso a la construcción de la Autopista seis de Noviembre, tramo San Cristóbal-Baní.
A estos fines en su sentencia número TC/0078/13, el tribunal le da un plazo de seis meses a la institución, y fija un pago de RD$5 mil pesos por cada día sin cumplir el mandato, a favor de la Dirección Regional de la Defensa Civil de la provincia Peravia.
La medida fue adoptada al admitir un recurso interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente contra Elena Rivera Díaz, en relación con la sentencia de amparo 018-2012, dictada por la Cámara Penal del Distrito Judicial de Peravia.
La sentencia explica que la titular del inmueble inició la construcción de una vivienda, la cual fue demolida por órdenes de Jimmi Laurits Núñez Castillo, alférez de fragata de la Marina de Guerra, representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por supuestamente haber violado la Ley 174-09, que regula las áreas protegidas.
“Este tribunal considera que el Ministerio de Medio Ambiente, al actuar en la forma en que lo hizo, no solo conculcó el derecho de propiedad de la ciudadana, sino que, además, no observó el debido proceso”, argumentan los jueces del Tribunal Constitucional.
En tanto, mediante su sentencia el TC 80 confirmó una decisión del Tribunal Superior Administrativo que ordena a Interior y Policías que entregue al señor Marcial Díaz Martínez una pistola con su licencia y se levante una ficha policial por deportación.
El juzgado indica que el Ministerio debe dar motivos razonables y por escrito cuando revoca una licencia de porte y tenencia de armas.
