Todavía la Nación no asimila el golpe de la reforma fiscal que la administración Medina, con el apoyo total del Congreso Nacional, aprobó el año pasado, y ya un legislador, ¡qué legislador! ha tenido la sensata idea de presentar un proyecto de ley mediante el cual se establecería un impuesto de 20 pesos mensuales en las facturaciones de telefonía fija residencial, comercial y móvil.
La iniciativa, hablando un poco más en serio, es absurda, no sólo por lo que implica para los bolsillos de los consumidores, sino por la coyuntura en que surge. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo se le puede ocurrir a un político de oficio proponer un nuevo gravamen a los dominicanos, cuando acaban de aprobar un paquete impositivo de alcance profundo. A esta hora, ya los ingresos de muchas personas han sentido el impacto negativo de la reforma fiscal. Hablar de eso es una agresión, una insensatez. ¡No puede ser!
La idea del impuesto es para financiar la plataforma de Emergencia y Seguridad 911, que por cierto, el presidente Danilo Medina la declaró de alto interés mediante el decreto 17-13, pero no puede ser para castigar aún más las costillas de los contribuyentes. Porque, si al menos estuviésemos en un panorama donde la seguridad fuese una de las fortalezas de la gobernabilidad de hoy, para preservarla, pagar un poco más, quizás valdría la pena. Pero… ¿meterse otra vez la mano para pagar lo que ni siquiera nos aseguran…? No juegues, Magino.
Se podría aplaudir al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel) que se opone a ese gravamen, pero lo hace sobre la base de que “va en detrimento del sector de las telecomunicaciones”. ¡Vaya Ud. a saber! No preocupa a esa institución cómo afecta a los usuarios del servicio telefónico, sino a la industria.
El impuesto global mensual del 30% de que habla Indotel no lo pagan las telefónicas. Lo pagan los consumidores, los clientes.
Señores del gobierno, del Congreso, dennos un receso. No nos agredan más, al menos, por ahora.
