Un Estado pequeño es, generalmente, un Estado insolidario, inhabilitado para promover el desarrollo e incapaz de proteger a la economía y a las familias más vulnerables de los impactos adversos de fenómenos externos como una crisis internacional o una cosecha perdida.
Es por ello que, evitando un gigantismo inútil y costoso, la apuesta debe ser por construir un Estado con capacidad para impulsar el aprendizaje y el escalamiento tecnológico, para promover sectores económicos críticos en sus fases tempranas de desarrollo, para impulsar la demanda agregada cuando las exportaciones de bienes y servicios, el consumo o la inversión privada se resienten, para preservar el medio ambiente, para proteger a quienes son más vulnerables, para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, y para ofrecer oportunidades a quienes, por razones de sexo, origen o lugar donde viven, están en desventaja.
Para lograrlo, es crucial que el Estado cuente con suficientes ingresos. Es por ello que es un imperativo de la agenda de desarrollo del país estructurar un aparato tributario que capture una mayor proporción de la renta nacional. Es posible que el ingreso nacional esté inflado y ciertamente las cuentas tributarias no dan cuenta de todo el ingreso que captura el sector público a través de cargos y tasas que instituciones públicas imponen a sus usuarios. Esto puede hacer que la presión tributaria esté subestimada. Pero aún con los ajustes de lugar, los recursos públicos son insuficientes.
Sin embargo, hay que reconocer que, tal como está, el Estado dominicano es francamente infinanciable. No es éste el Estado que todos y todas queremos que maneje más recursos. A pesar de las distancias que separan la visión expuesta arriba de la de sectores que apuestan por un Estado mínimo, que se limite a proteger los derechos de propiedad, que no privilegie sectores económicos y que no tenga preocupaciones distributivas, en ese punto parece que coincidimos todos y todas. El Estado dominicano aparece ante los ojos de la ciudadanía como una gran maquinaria que consume mucho para lo poco que aporta.
En ese contexto, no es razonable pedir a la población que pague más impuestos sin antes dar muestras contundentes e inequívocas de que la acción del Estado se está moviendo hacia la protección de los derechos de la población, la provisión de servicios sociales básicos de calidad, la dotación de infraestructura con énfasis en los territorios menos privilegiados, la drástica reducción de gastos ostensiblemente ilegítimos y que benefician una reducida cúpula de la burocracia estatal y partidaria, el saneamiento de los procesos de contrataciones y el respeto estricto a la ley, y la intolerancia frente a la ineficiencia y la corrupción.
Hasta el momento, el gobierno de Danilo Medina ha tomado algunas acciones valoradas positivamente por la ciudadanía y que marcan cierta distancia con lo que han sido las formas de ejercer el poder hasta muy recientemente. Pero en general, las señales han sido tímidas, y por tanto insuficientes como para recibir un respaldo contante y sonante del bolsillo de los y las contribuyentes.
El Presidente tendrá que moverse más rápida y decididamente corrigiendo lo que está mal y haciendo lo que nunca se ha hecho si quiere vencer resistencias para una reforma impositiva que mejore la posición fiscal del Gobierno. Sin embargo, cuenta con muy poco tiempo.
La alternativa más clara para caminar en esa dirección es presentar una propuesta de un presupuesto para 2013 sin nuevos impuestos, mientras las discusiones con la sociedad organizada sobre una reforma fiscal integral maduran en los próximos meses. Esto enviaría una fuerte señal de que se está privilegiando el diálogo social, que la premura presupuestaria no sacrificará la calidad de la reforma, y que hay disposición para contener el gasto. Además, ofrece la oportunidad para tomar medidas concretas y visibles para mejorar la calidad del gasto, lo que contribuiría a dar un respaldo político a una eventual propuesta de ajuste tributario.
Sólo un impulso inmediato y decidido redirigiendo el gasto a favor de la gente, reduciendo el dispendio, la discrecionalidad y la corrupción, y estableciendo compromisos presupuestarios muy concretos y verificables podría cambiar el escenario. Si el Presidente quiere recursos, deberá ponerlos donde ha puesto su discurso. No hay espacio para cheques en blanco.
