Los pactos económicos que se han firmado en el país en las últimas dos décadas han surgido en momentos de dificultades, de crisis, y todos han incluido modificaciones al sistema impositivo.El más trascendente de los dos pactos hasta el momento acordados fue firmado durante el período de transición del 1990, y fue el preludio para la aprobación de tres de las importantes reformas económicas estructurales que se han hecho en la República Dominicana.
Ese pacto, bautizado como de “Solidaridad Económica”, sentó las bases para posteriormente hacer en el país las reformas tributaria, arancelaria y laboral, con las cuales la República Dominicana se insertó en el proceso de globalización económica.
Transcurridos 12 años y cuatro meses del pacto de solidaridad económica, las finanzas públicas comenzaron a mostrar síntomas de una crisis económica que se incubaba y que hizo explosión en el 2003, con la quiebra de tres bancos. En diciembre del 2002, el entonces presidente Hipólito Mejía firmó, con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), para la ocasión presidido por Marino Ginebra, el “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico”. (El pacto anterior tuvo como una de sus figuras principales, al doctor Augusto Ginebra Hernández (Payo), padre de Marino Ginebra, y quien habló en el acto por el sector empresarial).
Algunas de las figuras que representaron al sector privado en el primer pacto, lo hicieron en el segundo, y posiblemente asistan al nuevo acuerdo que se gestiona. Monseñor Agripino Núñez Collado participó, en representación de la Iglesia Católica, en ambos pactos. Para la nueva ronda de negociaciones su nombre figura como actor. Es presidente del Consejo Económico y Social.
Escenarios
El ambiente de los dos pactos firmados, en torno a estabilidad macroeconómica, especialmente la de precios y la cambiaria, es diferente al escenario actual, cuando el nuevo gobierno busca un pacto económico ampliado, que abarque tres áreas esenciales: la fiscal, la eléctrica y la educativa. En 1990, cuando se firmó el primer pacto, la economía estaba afectada por un proceso de hiperinflación, originado en parte por el uso excesivo del financiamiento interno (dinero inorgánico) para hacer inversiones en grandes obras de infraestructura, como Jigüey-Aguacate y el Faro a Colón, mientras que en el segundo, también en momentos de alzas de precios y aumento de la tasa cambiaria, con causas posiblemente parecidas, porque siguió a un proceso donde al menos tres grandes bancos habían recibido facilidades crediticias para enfrentar desequilibrios que se originaron en malos manejos de esas entidades. Los efectos todavía perduran, por el impacto de las medidas de salvamento adoptadas a partir del 2004, que han creado un gran compromiso fiscal relacionado con la recapitalización del Banco Central, que tuvo que cargar con la responsabilidad del salvamento y las medidas para evitar el efecto negativo de esa crisis en la economía en general.
Ahora, cuando las autoridades están estructurando un nuevo pacto económico en tres direcciones, la economía global refleja estabilidad macroeconómica, aunque se presume con una enorme carga de déficit fiscal.
El Pacto de Solidaridad Económica, firmado el 6 de agosto del 1990 por el entonces presidente Joaquín Balaguer y representantes de trabajadores, empresarios, profesionales y de servicios y de los núcleos comunitarios, contenía 22 puntos. Se argumentó que en esos momentos se requería realizar “los ajustes encaminados a frenar la inercia de la inflación y a aliviar sus acuciantes efectos negativos y adoptar las medidas destinadas a reorientar la política fiscal, monetaria, cambiaria y de precios para lograr la continuidad del desarrollo económico con justicia social”.
El primer artículo del pacto estableció el compromiso del Gobierno a requerir de los organismos descentralizados la “ejecución de presupuestos estrictamente equilibrados y austeros”, propiciando la “adopción de políticas de precios en los bienes y servicios provistos por las empresas públicas en consonancia con los costos reales de producción”.
La “Solidaridad” impulso cambios
El Pacto de Solidaridad abrió las puertas para las reformas estructurales que pudieron al país en ruta hacia la modernización de sus leyes económicas. Fue el inicio del desmonte del viejo modelo de sustitución de importaciones, al propiciar la posterior eliminación de las principales leyes de incentivos fiscales y la modificación del andamiaje del proteccionismo, el sistema arancelario. El artículo tres indicaba que el Gobierno ejecutaría en el corto plazo una reforma tributaria que, entre otros objetivos, modernizara los sistemas de recaudación, redujera al mínimo los impuestos indirectos, actualizara los gravámenes obsoletos y ampliara el universo impositivo. Esa reforma se iniciaría inmediatamente en el área arancelaria.
Fruto de ese acuerdo, el Gobierno emitió un decreto mediante el cual modificó administrativamente sistema arancelario, reduciendo y eliminando tasas. Posteriormente, el Congreso hizo la aprobación formal, y luego aprobó la reforma tributaria, mediante la Ley 11-92, que creó el Código Tributario, que todavía está vigente y que implicó, entre otras figuras la modificación de la antigua ley 5911.
