En medio de la situación que vive el país luego de las elecciones, matizada por desórdenes, acusaciones y señalamientos de quienes no aceptan los resultados emitidos por la Junta Central Electoral (JCE), el mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano resulta clave para disipar tensiones y posturas incitadoras.
Y digo esto, porque al margen de las motivaciones que den lugar a quejas o exigencias de explicación sobre aspectos pertinentes al pasado proceso, los partidos y candidatos no deben perder jamás de vista que se trató de un evento democrático, donde cada quien expresó libremente su voluntad en torno a un proyecto político-electoral.
Sin embargo, lo que ha vivido el país tras estos comicios se aleja del civismo con que millones de dominicanos acudieron a las urnas, para escoger de manera soberana a sus futuras autoridades.
Ha habido incluso muertos y heridos en enfrentamientos a tiros, cual si viviéramos en una sociedad incapaz de dirimir de manera civilizada sus diferencias, por muy difíciles que parezcan.
A nadie se le niega el derecho constitucional y legal de hacer los reclamos que entienda de lugar. Pero para eso existen los organismos competentes, en este caso el Tribunal Superior Electoral, conformado por jueces cualificados y con sobrada y demostrada solvencia moral y ética para ejercer debidamente sus funciones.
Pero el nivel de ofuscación mental de la oposición política ha sido tal, que ni siquiera ha permitido que la JCE concluya el conteo de los votos en un ambiente de tranquilidad, porque mucho antes de que concluyera el proceso de votación se alzaron voces que proclamaban fraude y promovieron la desconfianza ante el organismo comicial.
De ahí que cobra fuerza la exhortación que en este contexto hace la Iglesia católica, de que la JCE “no debe ser obstaculizada ni indebidamente presionada”, porque esa es la institución que nuestra Carta Magna y la Ley Electoral facultan para organizar y regular los procesos electorales en República Dominicana.
Y fue esa JCE la que los actores del proceso aceptaron y validaron, para que arbitrara las votaciones que eligieran al Presidente de la República, legisladores y autoridades municipales.
Afianzada en este criterio, la Conferencia del Episcopado Dominicano llama a los partidos de la oposición a que “el resultado de las elecciones sea aceptado por todos, con grandeza de ánimo, sin excesos provocadores por parte de los triunfantes y sin acusaciones falsas por parte de los demás”. Añade que la justicia “nos pide que nada ni nadie predisponga ilegítimamente en una dirección u otra”. Comparto en todas sus partes estos sabios consejos, como siempre atina a compartir la Iglesia católica, porque se ajusta a la actitud inteligente que debe primar en estos momentos.
El país debe continuar, como bien señalaron los empresarios. Es hora de seguir produciendo, para que nuestra patria continúe por los senderos del progreso y bienestar de todos y cada uno de los dominicanos que tenemos la dicha de habitarla.
Las diferencias políticas no pueden ser escollo para alcanzar este propósito. Es una ocasión propicia para que la clase política demuestre madurez y piense en las consecuencias de sus acciones.
Más que puestos y funciones públicas, aquí lo que está en juego es la paz social que tanto anhela y exige la nación dominicana. En el liderazgo nacional descansa esa seria e indelegable responsabilidad.
