La celebración del Día Internacional Contra la Corrupción el pasado 9 de diciembre, se encontró en el país con dos acontecimientos de vital relevancia en esta materia. Uno, sigue llenando de desilusión a aquellos que desde hace décadas apuestan por el predominio de la institucionalidad. El otro, un hecho que podríamos calificar de esperanzador en medio de la desconfianza generalizada de que pueda haber algún avance en la lucha anticorrupción. Estos dos acontecimientos indican la situación de la corrupción en los momentos actuales y por dónde deben venir las respuestas para enfrentar definitivamente este grave problema.
En primer lugar, la pasada semana fue presentado el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización mundial Transparencia Internacional, el cual indicó que el país sigue quedando muy mal en los indicadores sobre corrupción a nivel internacional. La República Dominicana obtuvo una puntuación de 32, en una escala de 0 a 100, lo que nos coloca como uno de los países que se perciben con más alto niveles de corrupción en el mundo. Esto pone en evidencia que no han servido de mucho las reformas legales que en materia de transparencia se han realizado durante la última década y media.
Sin embargo, no debe haber espacio para el desaliento, pues durante esa misma semana se dio el paso más importante que una sociedad puede emprender para enfrentar con éxito el flagelo de la corrupción. Se trató de la movilización de miles de ciudadanos en contra del régimen de impunidad que opera en el país y que hace posible las prácticas de soborno, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.
La manifestación del pasado domingo 9 fue de una gran trascendencia, pues significó un avance en la dirección de terminar con la inaceptable permisividad social e indiferencia ciudadana de los dominicanos y dominicanas frente a los hechos de corrupción.
Ambos acontecimientos plantean que se requiere de una mayor voluntad política del Estado para enfrentar la creciente corrupción y al mismo tiempo, una mayor participación de la ciudadanía y sus organizaciones expresando su rechazo a la impunidad y demandando respuestas.
De parte del Estado, es fundamental la promoción de un mayor fortalecimiento y autonomía de las instituciones que están llamadas a desempeñar el rol de control y fiscalización. Una mayor institucionalidad, deberá hacer posible que la justicia funciones sin privilegios, permitiendo que los casos de corrupción sean debidamente investigados y que los responsables sean sancionados, sin importar su procedencia, ni el poder político y económico que acumulen.
