La situación desatada a partir de las investigaciones realizadas contra miembros de la Dirección Central Antinarcótico (Dican) y del Ministerio Público por el robo de cerca de mil kilos de droga, es sumamente delicada. Se ha señalado que este no es un hecho aislado, sino que es parte de una práctica que se viene dando desde hace mucho tiempo en los órganos de seguridad del país. Esto pone en evidencia los avances del crimen organizado en la penetración de las instituciones que están llamadas a combatirlo. Por esta razón, es fundamental la respuesta que pueda dar la justicia frente a un hecho de tanta gravedad.
Los carteles del narcotráfico buscan en un primer momento que las agencias de seguridad se tornen indiferentes frente a sus acciones delictivas y le permitan operar sin problema. Pagan para que las autoridades se hagan de la vista gorda. En la medida en que las redes criminales crecen, requieren del apoyo y la protección de las instituciones del orden y por lo tanto, se pasa a otro nivel. El problema se torna más grave cuando los órganos estatales no solo dan protección al crimen, sino que operan como organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, como ha pasado en el caso de la Dican.
La pregunta es si esto pasa con otras instituciones del Estado, pues las redes de narcotraficantes no se conforman con la captura de los organismos de seguridad, sino que además buscan penetrar la justicia y la política. En un país de campañas políticas tan costosas, al crimen organizado le resulta fácil incidir en los resultados electorales a través del financiamiento. Por lo tanto, en el país existen condiciones de riesgo que permiten el crecimiento del tráfico de sustancias ilícitas, del lavado de activo y de la violencia que este tipo de actividades criminales generan. Con el caso de la Dican, las autoridades están llamadas a enviar señales claras de su disposición a enfrentar el problema.
Deben ser ejemplarmente sancionados todos los responsables de la desaparición de la droga a través de la DICAN. Al mismo tiempo, los distintos órganos de seguridad deben experimentar un amplio proceso de depuración, que desarticule los grupos delictivos que operan en su interior. A esto debe sumarse la discusión y aprobación, sin mayor dilación, del proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, el cual tiene años conociéndose en el Congreso. Esto no será suficiente, si al mismo tiempo no se mejoran las condiciones laborales de los miembros de la PN, DNCD y otros organismos que tienen que ver con la lucha antinarcótica.
