La Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, fue asimilada en su componente previsional como la iniciativa que unificaría al sistema de pensiones del país.
Se entendía que esa legislación sería el principio del fin del sistema de reparto, al cual lo sustituiría el modelo de capitalización previsto en la nueva normativa. Cada trabajador y su patrono aportarían a una cuenta propiedad del empleado, para que cuando este concluya su edad laboral cuente con recursos para recibir una pensión “digna”, un calificativo que se le agregó extra legislación.
Los que no hubieran acumulado para recibir un monto de retiro en esa categoría, la propia ley define sus opciones. Pero el futuro del sistema previsional debía ser la capitalización, bajo los parámetros de la Ley 87-01. Incluso a los fondos de pensiones existentes al momento se les daba un plazo de 4 años para hacer las adecuaciones correspondientes.
La ordenanza la cumplieron los fondos creados por empresas privadas. En el sector público no sucedió así. Al contrario, aumentaron las disidencias, con más fondos de pensiones públicos actuando al margen de la regulación que establece la ley y como una amenaza para las finanzas públicas, pues se nutren del presupuesto nacional.
La semana pasada el Senado aprobó en segunda lectura un proyecto que modifica la ley 340-98, que crea el Instituto de Previsión Social del Legislador Dominicano.
Establecieron parámetros para las pensiones de los nuevos integrantes que ingresen a partir del 2016, y escala para los niveles de pensiones de los que hayan ocupado posiciones directivas en las cámaras legislativas.
Es uno de los esquemas de pensión del sector público más beneficioso, si se compara el tiempo que debe aportar cada legislador para su retiro y si se refiere al mercado de previsiones del sector público, donde servidores que han trabajado por hasta 50 años reciben una compensación que no les cubre sus necesidades básicas. El caso de los médicos es un ejemplo. No quieren jubilarse por el bajo monto a recibir. A los profesores recientemente fue que se les mejoró su pensión.
Los legisladores, como todo servidor público, merecen un retiro digno. Pero el mercado debe ser proporcionalmente igual para todos. l
