Artistas, intelectuales, catedráticos, periodistas y activistas sociales de la diáspora dominicana y del territorio nacional llamaron a los diferentes sectores de la sociedad a conformar grupos de vigilancia por la democracia.El “Manifiesto por la vigilancia y acción de la democracia en República Dominicana” cuestiona la legitimidad de las pasadas elecciones generales y advierte que en la actualidad el Estado dominicano se encuentra asentado en un sistema de prácticas incoherentes y corruptas, que incluye institucionalización de políticas discriminatorias hacia poblaciones vulnerables, contubernios con intereses privados en la Administración Pública y la coerción política del Poder Judicial.
Entre los firmantes figuran, desde Estados Unidos, Silvio Torres Saillant, Sophie Maríñez, Claudio Mir, Irka Mateo, Ico Abreu, Sara Pérez, Dagoberto López, Ginetta E. B. Candelario, Edward Paulino, Milagros Ricourt, Lourdes Batista Jakab, Medar Serrata, Juan R. Valdez, Edita Jiménez y Zaida Corniel; desde Europa, Amín Pérez, Dunia de Windt, Nelson Ricart Guerrero, Ada Coronado, Jorge Ulloa, Mercedes Pappaterra Bidó y Oleka Fernández; desde Puerto Rico, Miguel Ángel Fornerín y Tulio Cordero; desde República Dominicana, Pedro Conde Sturla, Etzel Báez, Maurice Sánchez, Chiqui Vicioso, Farah Hallal, Andrés L. Mateo, Sally Rodríguez, Carlos Rodríguez Cabrera, Taty Hernández, Ernesto Alemany, Martha Rivera Garrido, Juan Bolívar Díaz, Alanna Lockward, Altair Rodríguez, Juan Miguel Pérez, Lusitania Martínez, Loraine Ferrand, Pedro Cabiya, Quisqueya Lora, Emilia Pereyra, Fátima Portorreal, Fernando Peña, Jenny Torres y Carlos Sangiovanni; además de, Elissa L. Lister, desde Colombia, Fernando Ureña Gómez, desde Haití, Néstor Rodríguez, desde Canadá, entre otros.
A continuación el manifiesto:
“El incesante auge de prácticas antidemocráticas desde el Poder y el creciente deterioro en las condiciones de vida del pueblo dominicano nos causan una profunda indignación y nos impulsan a promover las bases de un cambio en República Dominicana.
Tras un proceso electoral mermado por el uso abusivo del dinero y de las instancias públicas, así como las múltiples irregularidades constatadas durante y después del 15 de mayo, cuestionamos la legitimidad democrática de las pasadas elecciones nacionales y locales. Nuestra preocupación trasciende la presente coyuntura.
La voluntad y práctica del partido gobernante presagian días aún más turbios para la nación. El Estado se encuentra asentado en un sistema de prácticas incoherentes y corruptas: institucionalización de políticas discriminatorias hacia poblaciones vulnerables, contubernios con intereses privados en la Administración Pública y la coerción política del Poder Judicial, entre otras.
Este accionar es el principal responsable del lamentable y precario estado de nuestro sistema público. Un país no puede vislumbrar un progreso real cuando se le dificulta el acceso de sus poblaciones a condiciones dignas en materia educativa, laboral, de salud, de seguridad ciudadana, prevención de feminicidios, etc. Esta calamitosa realidad fragiliza significativamente la convivencia pacífica entre los sectores mayoritarios y humildes del pueblo dominicano, secuestrando cada vez más sus esperanzas sociales.
Este clima viene a agravar la ya escandalosa desigualdad social existente en el país, creando incertidumbre y manifestándose constantemente en hechos delictivos. Esta situación no sólo perjudica directamente a la población de menos ingresos, sino que arrastra a toda la Nación, creando una bomba de tiempo para nuestra cohesión social como comunidad.
¿Qué hacer ante un gobierno que utiliza los diferentes poderes públicos según sus intereses y da la espalda a las realidades sociales de la población, preocupado más por su imagen que por los efectos nocivos de sus políticas, que recurre a imposiciones fiscales para soslayar el despilfarro público y utiliza la represión sistemática para ocultar la violencia social que el mismo Estado crea?
Como dominicanas y dominicanos preocupados por el presente y futuro de nuestro país, hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad dominicana a actuar en consecuencia. No podemos esperar las próximas elecciones ni mucho menos dejar que estos hechos sigan ocurriendo. La política es cuestión de todas las personas que constituyen la nación. Son nuestros derechos fundamentales los que están en juego.
Llamamos a nuestra población dentro y fuera del país, a constituirse de manera colectiva en grupos de vigilancia y de acción por la democracia en República Dominicana. En unidad lograremos combatir cada abuso de poder, cada caso de corrupción y otras tantas injusticias que se manifiestan constantemente en el país. En unidad exigiremos el derecho de las dominicanas y los dominicanos de vivir con dignidad”.
