Desde el año 1997 se están haciendo reformas electorales dirigidas, entre otros propósitos, a regular el financiamiento de los partidos políticos. Como se sabe, este país cuenta con un sistema mixto de financiamiento en que el Estado y el sector privado aportan cada año cuantiosas sumas de dinero a los partidos y a los candidatos. Por el alto costo de la campaña electoral, sobre todo en lo relativo a la publicidad, cada vez es mayor la necesidad de recursos para promover cualquier tipo de candidatura. El sistema de financiamiento de la política dominicana adolece de una serie de fallos, que se agravan por la absoluta falta de regulación y transparencia. Existe rendición de cuentas limitada sobre el financiamiento público, pero ninguna información sobre la cantidad de recursos que procede del sector privado para financiar la política. Algunos analistas señalan que este monto es mucho mayor que los recursos que proporciona el Estado. Lo más grave aún, es que no existe transparencia alguna sobre las fuentes privadas que aportan recursos a la actividad política. Lo anterior define una relación perversa entre el dinero y la política, que se explica por dos razones fundamentales. En primer lugar, por los altos costos de la campaña electoral que impide que aquellos que no cuentan con recursos económicos suficientes, puedan garantizar uno de sus derechos políticos fundamentales como el de elegir y ser elegido. Por otro lado, surgen serias amenazas de que en la actividad política se utilice dinero ilícito. Efectivamente, con frecuencia vemos casos de uso y abuso de los recursos públicos en la campaña y más recientemente, denuncias de que dinero procedente de la corrupción o el crimen organizado ha penetrado la política.
Lo anterior se constituye en un grave peligro no sólo para la equidad y la transparencia de los procesos electorales, sino también para la democracia, pues los grupos vinculados al crimen organizado buscan capturar al Estado y sus instituciones, con el propósito de conseguir protección o impunidad en la realización de sus actividades delictivas.
Es necesario que el Congreso Nacional atienda las preocupaciones externadas por la Junta Central Electoral y su presidente, de que sin una ley de partidos políticos y del régimen electoral, esa entidad no tiene forma de controlar que el narcotráfico y el crimen organizado financie a candidatos. En la actualidad, se carece de capacidad para controlar que el dinero de actividades ilícitas pueda incursionar en el proceso electoral. Se requiere tomar las medidas necesarias para evitar que el financiamiento ilícito sea un factor determinante en las elecciones generales del 2016.
