Washington. La República Dominicana solicitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no convoque más audiencias temáticas para abordar el tema de la nacionalidad dominicana.
El país entiende que el Estado le ha proporcionado respuestas con suficiente fundamento jurídico y con base en el respeto a los derechos humanos y al principio de soberanía de los Estados.
Durante una audiencia celebrada en Washington, Estados Unidos, el Representante Permanente de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), embajador Roberto Saladín, defendió la autonomía, calidad y capacidad del país para determinar, de acuerdo a sus leyes, quiénes adquieren la nacionalidad dominicana y quiénes son considerados extranjeros.
Fue categórico al señalar que tanto la Constitución Dominicana como la Corte Constitucional establecieron claramente que “todo extranjero que se encuentre en territorio dominicano y que no gozare del estatuto migratorio de residente legal es una persona en situación de tránsito”, por lo que no le corresponde la nacionalidad dominicana.
En ese contexto, Saladín explicó que “las madres que ingresan de forma irregular al país y que en ese ínterin, alumbran a una persona, la criatura no adquiere la nacionalidad dominicana, pues nace fuera de las categorías previstas en la Carta Magna para tales efectos”.
Sostuvo que en un Estado de derecho, la persona que viola los parámetros jurídicos para ingresar al país como inmigrante, carece de calidad legal para exigirle a ese mismo sistema institucional el otorgamiento de su nacionalidad.
En cuanto al alegato presentado por varias organizaciones que trabajan con el tema de los inmigrantes haitianos, sobre la denegación de solicitud de amparo de parte de los tribunales nacionales, indicó que en el país no existe una política discriminatoria donde se clasifique quiénes pueden o no acceder a la justicia.
Emplazó a las organizaciones de la sociedad civil que emiten comentarios de esa naturaleza a que demuestren con pruebas fehacientes, escritas o grabaciones, que algún empleado judicial le haya expresado a una persona de descendencia haitiana o nacional haitiano que no le recibiría su acción de amparo por su procedencia.
Con relación al argumento de la no ejecución de las sentencias que favorecen a los accionantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó, vía su Representante Permanente en la OEA, que las mismas aún no obtienen la decisión de la cosa irrevocablemente juzgada, porque han sido objetos de recursos ante las instancias jurisdiccionales superiores.
Durante la audiencia, que no tiene consecuencias para ninguno de los participantes y que de acuerdo al artículo 62 del Reglamento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tiene por finalidad recibir información de las partes con relación a alguna petición relacionada con los derechos humanos, Saladín planteó la solicitud.
Grupos denuncian discriminación
Grupos de personas nacidas en la República Dominicana con ascendencia haitiana denunciaron “discriminación” y trabas por parte de las autoridades dominicanas para acceder o incluso mantener la nacionalidad, lo que, a su entender, llega a derivar en casos de “apátrida”. En la audiencia hasta 38 grupos cívicos distintos lamentaron los casos “cada vez más comunes” de personas que, habiendo sido inscritas en su nacimiento en el libro de nacionales dominicanos, han sido trasladadas luego a los registros de extranjería.
