El presidente de la Asociación para el Desarrollo Fronterizo (Adefro) advirtió que si se modifica la Ley 28-01 se verían obligados a cerrar instalaciones.Esto implica que más de seis mil empleados directos y 10 mil indirectos serían despedidos. “Perderían el derecho a vivir y a un trabajo honrado y digno, el derecho a tener una seguridad y unas condiciones básicas aseguradas”, indicó Manuel Taveras, al defender la ley de Desarrollo Fronterizo que algunos sectores empresariales han planteado eliminar o modificar. Entiende que de aprobarse se matarían las esperanzas de desarrollo económico de la frontera, comunidades que, según dijo, solo tienen valor porque los gobiernos y los políticos la recuerdan cada cuatro años.
Taveras resaltó el coraje de quienes vencieron las adversidades para instalarse en la frontera y con su esfuerzo han contribuido a brindar el sustento económico, la educación y otras facilidades a las personas que trabajan en las empresas.
Puso como ejemplo a Santiago Rodríguez, donde se puede observar un antes y un después de que se instalaran las empresas que existen actualmente.
Advirtió que la comunidad está al tanto de la situación y dispuesta defender este derecho que por ley se le ha otorgado.
“Estamos hablando de que hay intereses de políticos que se han convertido en industriales en esta guerra de intereses y quieren eliminar esta ley”, dijo.
El presidente de Adefro destacó la defensa asumida por la senadora de la provincia Dajabón, Sonia Mateo, así como de los diputados en defensa de esta ley y precisa que de lo que se trata es de “una guerra de intereses, porque cinco familias en Santo Domingo se creen que ellos son los únicos que pueden trabajar sin competencia, no saben trabajar con competencia”.
Diputados procuran adecuar la legislación
Varios diputados de provincias vecinas de Haití afirmaron ayer que pese a las objeciones que hacen industriales a la Ley 28-01 de incentivo fronterizo, muchos de ellos se benefician de la legislación al instalar sus negocios fuera de las demarcaciones establecidas en franca violación a su mandato. Ellos son Pablo Santana, de la provincia Independencia; José A. Díaz, representante de Pedernales y presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos de la cámara baja, y Gregorio Reyes representante por Dajabón. La reacción de Taveras y los diputados se produce luego que un sector de los empresarios planteara la eliminación de los incentivos que se otorgan a las empresas ubicadas en la zona fronteriza. Sobre el tema, las asociaciones empresariales de Santiago prefirieron sopesar su opinión y fijar una posición más adelante y de manera conjunta. Los diputados procuran adecuar la legislación y evitar que las empresas sean instaladas en otras partes.
