Las instituciones del Poder Judicial demandaron ayer un mayor presupuesto para el próximo año para el sostenimiento de su estructura, hacer su labor más eficiente y desarrollar nuevos proyectos. La Procuraduría General de la República, el Consejo del Poder Judicial y la Oficina de Defensa Pública, expusieron la necesidad de más recursos para el sector judicial en el marco de una mesa redonda para tratar el tema que organizó la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
El vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que si no se atienden las necesidades presupuestarias del Poder Judicial “el futuro de la democracia peligra y todo el sistema de pesos y contrapesos del régimen democrático estará en el borde de la ineficiencia e incapacidad para atender la demanda social de justicia”.
En tanto, la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Laura Hernández Román, sostuvo que el Estado se ha convertido en una traba para la protección a los derechos de las personas sometidas a procesos judiciales debido a que por el escaso presupuesto que recibe esa entidad los casos no tienen respuestas efectivas con la celeridad requerida.
Hernández explicó que en el país hay 164 defensores públicos, 11 abogados adscritos y 20 de oficio lo que implica que hay un defensor público por cada 670 mil habitantes.
Dijo que se requiere un mínimo de 300 abogados para la defensa y que en la actualidad cada representante tiene unos 300 casos y algunos llegan hasta 400. Sostuvo que debido a los limitados recursos no hay oficinas en 13 distritos judiciales.
