La política en nuestro país ha sido mal entendida por muchos, por eso tenemos pocos líderes independientes y muchos serviles dispuestos a apoyar cualquier cosa que decida la cúpula con tal de preservar los beneficios de estar en buenas con el poder; así como pocos seguidores de ideas que se agrupan para perseguir propósitos comunes y defender los conceptos fundamentales en los que creen, y muchos adláteres que están dispuestos a seguir como borregos las indicaciones del liderazgo, desprovistos de cualquier visión que no sea sus propios intereses.
Este errado concepto de ejercer la política es culpable de casi todos nuestros problemas fundamentales, porque una cosa es que los políticos en todas partes del mundo deben tomar decisiones en base al poder delegado que reciben de sus electores y otra que sus decisiones sean dictadas por sus conveniencias políticas; como ha sido el caso en el sector energético en el del transporte y en la justicia.
La injerencia de la política en la justicia, que en el año 2002 provocó el eslogan de “Por una Justicia sin Política” cuando se iba a renovar la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, luego de los recientes fallos sobre casos de corrupción administrativa, ha quedado a la vista de mucha gente que prestó poca atención cuando se repitieron esos clamores en la selección del año 2012. Si bien es cierto que los jueces deben dictar sus sentencias basados en las pruebas sometidas y en aplicación de la ley, no por complacer clamores públicos, como han alegado algunos; nadie puede perder de vista que la justicia debe ser ciega, para que sus fallos, que pueden ser considerados buenos o malos, sean imparciales o por lo menos no se presuman de parciales debido a la vinculación política de quienes los dictan.
Como nuestros políticos se resisten a tener una justicia independiente, en la última elección de miembros de las Altas Cortes, el criterio que primó no fue respetar la carrera judicial, el desempeño de buenos jueces que merecían ser confirmados en sus puestos o asegurar las distintas capacidades y experiencias requeridas para juzgar las diferentes materias, sino la garantía y tranquilidad que la persona escogida daba a los líderes de ese proceso, de que nunca actuarían en contra de sus intereses particulares; y que estos gozarían de inamovilidad por períodos de tiempo que cubrían sus propósitos. Hoy esto constituye la principal causa de la inconformidad con nuestra justicia, que afecta a justos y pecadores.
Mientras en nuestro país las decisiones solo se tomen por conveniencias políticas de turno y no por los intereses del país, y los funcionarios sean escogidos no por sus capacidades y cualidades sino por su subordinación; seguiremos teniendo desconfianza en las autoridades, debilidad institucional, falta de seguridad jurídica y carencia de una visión de país que garantice el desarrollo.
Si queremos revertir esta tendencia los ciudadanos debemos tomar conciencia de que lo más importante es el respeto a la ley y su igualdad ante todos, y que para que esto sea una realidad hacen falta contrapesos, independencia de los poderes del Estado y una sociedad que no esté dispuesta a seguir resignándose o beneficiándose, al compás del famoso merengue de los 80, “La política compay, la política”.
