Como en la cumbre de la CELAC realizada en Cuba, en cualquier escenario internacional en que se encuentre la República Dominicana, será un tema obligado el de las consecuencias de la sentencia 168-13. Es lamentable que debido a esta decisión del Tribunal Constitucional y a la práctica irresponsable de la JCE de despojar de documentos de identidad a dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana, el Estado haya tenido que dedicar tanto tiempo y energía en defenderse, descuidando otros temas prioritarios.
En Cuba, el presidente Medina realizó un enérgico discurso que fue apoyado por muchos, sobre todo por la defensa de la soberanía, pero al mismo tiempo criticado por otros, al no abordar en su justa dimensión las peligrosas consecuencias de la sentencia del Constitucional. Sin embargo, el presidente se comprometió a buscar salidas apegadas al respeto de los derechos fundamentales, tanto en el tema migratorio, como en el de los afectados por la sentencia. Prefiero prestar mayor atención a esta parte del discurso y por lo tanto, a las medidas concretas que toma el gobierno respecto a estos temas.
Desde sus inicios, el gobierno pidió que se le evaluara según la frase bíblica “por sus frutos los conoceréis” y se permitiera que sus hechos hablen.
El primer hecho en hablar ha sido la emisión del decreto No. 327-13, el cual establece los términos y condiciones para la regularización de los extranjeros en situación migratoria irregular.
Por fin, luego de casi diez años de haberse aprobado la Ley General de Migración, un gobierno se dispuso a aprobar el plan de regularización. Aunque la consulta previa a su aprobación pudo ser más amplia, el contenido del mismo está acorde con la Constitución, el respeto de los derechos fundamentales de los inmigrantes y las principales propuestas que grupos que trabajan el tema migratorio han realizado.
El segundo hecho importante tiene que ver con el diálogo iniciado entre la República Dominicana y Haití. Los resultados positivos de estas negociaciones ya han comenzado a verse, tanto en materia migratoria y comercial, como en otras áreas de interés en las relaciones binacionales. El último hecho, referido ya no con el tema migratorio, sino al de la nacionalidad de hijos de inmigrantes irregulares, lo será el de la ley especial que deberá enviar el Ejecutivo al Congreso Nacional para tratar de corregir el daño generado por la sentencia 168-13. Esta iniciativa deberá garantizar los derechos adquiridos de los hijos e hijas de inmigrantes haitianos en cualquier condición, a los que la Constitución, hasta el año 2010, les reconocía la nacionalidad dominicana. l
