SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — El equipo médico del Hospital de Maternidad se aprestaba a interrumpir en cualquier momento el embarazo de Beatriz, una joven de 22 años que padece lupus y presenta problemas renales, y que le Corte Suprema de Justicia le negó el amparo para la práctica de un aborto terapéutico, se informó el lunes.
La ministra de Salud Pública, María Isabel Rodríguez, declaró el lunes a periodistas que el equipo médico de Maternidad está listo para que en el menor de los síntomas de gravedad, de peligro de Beatriz, se va actuar inmediatamente y resaltó que para ella y los médicos, «lo decisivo es proteger la vida de Beatriz».
Rodríguez señaló que con el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte, también se está reconociendo que la decisión en un determinado momento para actuar, está en manos de los médicos que atiendan a la joven que está por entrar a las 27 semanas de embarazo.
Trascendió que Beatriz (nombre con el que la han identificado) sería intervenida los primeros días de esta semana, pero la doctora Rodríguez dijo el lunes que «está en estudio, no se ha tomado la determinación hasta el momento».
Señaló que fuera del equipo de médicos «se andan manejando fechas concretas y (también) dicen que se está preparando una manifestación».
«La obcecación de la gente llega hasta tal grado que ya andan queriendo hasta mostrar manifestación de oposición, o de resistencia mientras hay una mujer sufriendo y esperando que se actúe sobre ella», expresó.
Prometió que en el curso de la semana se podría conocer la decisión de intervenir a Beatriz, «pero no podemos asegurar la fecha».
«Se tomará la decisión si debe de hacerse esta semana o la próxima, de hecho esta semana se cumplen 26 semanas y se entra en la 27, es decir que ya se tendría la calificación del acto como un parto inducido», remarcó.
Cuando tenía 18 semanas de gestación, los abogados de Beatriz presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional pidiendo el aval para que la interrupción del embarazo, aunque la legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico.
Las pruebas de ultrasonografía muestran que el feto es anencefálico, es decir, que no se han formado los huesos del cráneo y parte del cerebro, por lo que su vida fuera del útero sería imposible.
Los médicos han declarado que la mujer podría morir si continúa con el embarazo, pero no le habían proporcionado el tratamiento que necesita, por temor a que si interrumpían el embarazo podrían ser procesados bajo las estrictas leyes que penalizan el aborto en El Salvador. De ser encontrados culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años.
Pero también se han dado casos en que la Fiscalía General de la República acusa a las madres por homicidio, por lo que pueden ser condenadas hasta con 30 años de cárcel.
Pero tras el fallo de la Sala, el Ministerio de Salud Pública aprobó la interrupción del embarazo por medio de un parto inducido o una cesárea.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que El Salvador debe proteger la vida y la integridad de Beatriz y ayudarla a interrumpir el embarazo. El fallo no influye sobre la resolución del caso porque el gobierno salvadoreño ya había decidido proteger la vida de la mujer.
Amnistía Internacional declaró también que «el gobierno debe cumplir con la orden de la Corte Interamericana y garantizar que los médicos intervengan ante que Beatriz sufra un daño a largo plazo para su salud».
Morena Herrera de la Colectiva Feminista para El Desarrollo Local señaló que lo que procede con Beatriz es una cesárea ya que tiene el problema de su cesárea anterior y que un parto corriente pone en peligro una ruptura de útero».
Este es el segundo embarazo de Beatriz y según se informó, en la semana 27 entró en crisis.
