La República Dominicana presentó ayer ante la 18ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza, un informe sobre los avances y los esfuerzos del país para garantizar los derechos de los niños, mujeres, homosexuales, discapacitados y migrantes, basados en la aplicación de las recomendaciones que hicieran al país en su primer examen en diciembre del 2009.
Al ser sometido al Examen Periódico Universal (EPU) de ese organismo, el Estado respondió al menos 74 recomendaciones que prometió implementar de 2009 a 2013 como parte de sus compromisos y obligaciones convencionales en materia de derechos humanos.
Entre los avances en esa materia, Liriano mencionó la promulgación de leyes y normas a los fines de garantizar el respeto de los derechos de las personas, citando entre ellas, la Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el 2030, la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la modificación del Código Penal y su abordaje de aspectos tan relevantes como crímenes de lesa humanidad, feminicidios, desaparición forzada segregación racial y esclavitud.
Asimismo, la funcionaria resaltó como un logro la elección de la Defensora del Pueblo, el remozamiento de infraestructuras del sistema de salud para garantizar un mejor servicio a la población y la reforma a la Policía Nacional para institucionalizar y sugerir prácticas y establecer, entre otras cosas, las reglas mínimas para el uso de la fuerza.
De igual forma, destacó las iniciativas que desde el Gobierno se ejecutan para combatir la violencia intrafamiliar y de género, para proteger la niñez, así como las políticas en materia de educación.
Sobre el tema migratorio, mencionó como avances la puesta en marcha del Consejo Nacional de Migración, que si bien fue creado en el 2004 no fue hasta octubre del 2013 cuando sesionó por primera vez para conocer e iniciar la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular, el cual mostró a la comunidad internacional.
“El Gobierno ha puesto en marcha, en tiempo récord, el más ambicioso y completo plan en la historia del país en esta materia”, señaló Liriano para añadir que “estamos, de hecho, ante una de las mayores iniciativas llevadas a cabo por un gobierno en materia de reconocimiento de derechos en las últimas décadas”.
En 14 meses regularizarían a miles
De acuerdo a este plan, los extranjeros en situación irregular podrán normalizarla siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para ello.
“Sólo con este plan, la República Dominicana podría normalizar en los próximos 14 meses el estatus migratorio de miles de personas, procedentes de más de 100 naciones y que se encuentran actualmente en situación irregular en el país, poniendo fin así a su situación de incertidumbre e irregularidad”, señaló.
“Es importante resaltar que este proceso no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país, puesto que los que tengan al menos un progenitor residiendo legalmente son dominicanos”, dijo.
Liriano reiteró “la postura firme” del Gobierno dominicano de que “ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella”.
Como ejemplos, citó que se invierte el 18% de su presupuesto de salud en atender a la población inmigrante, o que alrededor de 36,000 hijos de inmigrantes están matriculados en escuelas públicas básicas en todo el país, sin necesidad de presentar documentación alguna e independientemente de su estatus legal.
Cancillería rechaza pretensiones
de Amnistía Internacional
El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó ayer las “desatinadas” pretensiones de la organización Amnistía Internacional para que la República Dominicana revierta la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, tras considerar que las mismas son “improcedentes, carentes de toda base legal y atentan contra el principio de soberanía estatal”.
La Cancillería recordó que la Constitución dominicana establece que las decisiones que emanan del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes a todos los poderes del Estado, y por lo tanto deben ser aplicadas.
Mediante un comunicado de prensa difundido este martes, la Cancillería expresó que es “inaceptable” que Amnistía Internacional acuse a la República Dominicana de discriminación y de violación de los derechos humanos.
“Amnistía Internacional dice luchar por la democracia y el respeto a los derechos humanos, ambos indispensables en un Estado de derecho, pero propone que el país viole la separación de poderes y olvide los preceptos constitucionales”, señala el comunicado. l
Ejecución del plan rondaría RD$700 MM
El Ministerio de Interior y Policía calculó que en el país hay 524 mil extranjeros y que el coste de la ejecución y aplicación del plan de regularización podría superar los 700 millones de pesos. Además planteó que la persona que se acoja al mismo y no reciba respuesta en un plazo de 45 días será automáticamente regularizada.
En una entrevista con la agencia EFE, el viceministro para la Gestión Social del Ministerio de Interior, Washington González, explicó que el Gobierno estudia crear algún tipo de resolución interna que especifique que si en el plazo de 45 días las autoridades no dan respuesta a quien se acoja al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Indocumentados, “esa persona automáticamente quedará regularizada”, por considerarlo una negligencia del Estado.
