El procurador general de la República, exhortó ayer a los ministros de Educación y Salud Pública a trabajar de manera mancomunada con el Ministerio Público, en el seguimiento de los casos de niñas y adolescentes embarazadas, víctimas de abusos sexuales.
En sendas misivas, dirigidas a Carlos Amarante Baret y Freddy Hidalgo, Francisco Domínguez Brito externó su preocupación sobre la alta tasa de embarazos y la falta de denuncias de estos casos, por parte de las personas que tienen contacto con menores, así como de la correspondiente investigación que se debe seguir.
Domínguez Brito instó a los funcionarios a instruir al personal a su cargo a denunciar cualquier hecho de esa naturaleza y de esta manera contribuir a frenar ese flagelo social.
Añadió que los profesionales de la educación y la salud, debido al contacto que tienen con las niñas y adolescentes, deben asumir un rol proactivo en la denuncia de los embarazos que puedan ser fruto de seducción, violación o incesto, inmediatamente tengan conocimiento de los mismos.
Afirmó que el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 14, establece que “los profesionales y funcionarios de las áreas de la salud, pedagogía, sicología, trabajo social y agentes del orden público, directores y funcionarios, tanto públicos como privados, y cualquier otra persona que en el desempeño o no de sus funciones tuviere conocimiento o sospecha de una situación de abuso o de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, están obligados a denunciarla ante las autoridades competentes, estando exentos de responsabilidad penal y civil, con respecto a la información que proporcionen”.
Añadió que la obligación de denunciar adquiere un grado superlativo cuando se trate de médicos, profesores, consejeros escolares, directores de centros educativos o cualquier funcionario o empleado público que tenga contacto con la niña o joven afectada.
Evitar revictimización
El funcionario dijo que es de vital importancia evitar la revictimización que se le causa a una niña o joven adolescente, cuando es objeto de un delito de esta naturaleza y no recibe la atención necesaria para ayudarla a superar el trauma.
Expresó que las denuncias pueden hacerse a través de líneas telefónicas habilitadas para esos fines o en las Fiscalías cercanas al domicilio o lugar de trabajo del médico o profesor, que tenga conocimiento del mismo.
Evitar la estigmatización de las víctimas de abuso
El procurador expresó que la persona que tenga contacto con la menor abusada, deberá recibirla en un ambiente resguardado y protegido, escucharla sin cuestionar ni confrontar su versión, no emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta, o atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación, manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y victimización secundaria.
