El procurador general de la República, Jean Rodríguez, aseguró este jueves que están a la espera de que la comisión designada por el Ejecutivo, examine los casos de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), para determinar cualquier posible acción.
Rodríguez resaltó que el Ministerio Público espera el eventual informe y que posteriormente evaluarán las acciones correspondientes.
Sobre el tema habló el presidente del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, quien explicó que el hecho de que Lajun Corporation se autoproclame dueña de los terrenos del vertedero de Duquesa, imposibilita el cumplimiento del contrato de esta empresa con la municipalidad.
“Nos hemos visto imposibilitados de exigir el cumplimiento del contrato porque ellos alegan ser los propietarios de esos terrenos y tú no le puedes exigir a nadie que diga ser dueño de algo”, expresó José Antolín Polanco.
El edil deploró que la empresa incumpla con el adecuado tratamiento de los desechos sólidos, la colocación de una verja perimetral que divida el vertedero de las comunidades aledañas para evitar que animales de consumo humano se alimenten de los desperdicios.
Explica que tampoco han logrado una mejora de los accesos al depósito de basura. “Ellos solo se han dedicado a recibir 12.8 millones de pesos que mensualmente los ayuntamientos pagan por depositar los desperdicios sólidos y como ellos dicen que son los propietarios nadie puede exigirle”, dijo.
Indicó que en la actualidad quien funge como encargado de Operaciones de Lajun es un alto militar activo de la Armada Dominicana, declarado persona no grata por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte por implantar el terror en los munícipes.
Max da Silva, quien aparte de desempeñarse como gerente de Operaciones, que también fungía de vocero de la empresa administradora del vertedero, fue cancelado hace menos de dos meses.
Grupos defienden terrenos
Organizaciones comunitarias salieron en defensa este jueves de los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa.
Gabino Hernández, coordinador general de Acción Comunitaria por el Progreso (Acopro), dijo que van a luchar por los terrenos, porque les pertenecen a los residentes de la zona, y que si es preciso, acudirán a los tribunales.
Hernández expresó que van a utilizar todos los métodos de lucha para lograr la preservación de ese suelo.
“Si el título de propiedad que presenta la empresa Lajun Corporation es falso, entonces el Ayuntamiento Santo Domingo Norte y las autoridades judiciales deben actuar judicialmente”, señaló.
Afirmó que Lajun quiere adueñarse de los terrenos de Duquesa para tener al municipio Santo Domingo Norte atado a su descuido e incumplimiento, debido a que la empresa no está haciendo la inversión requerida para el adecuado vertido de los desechos sólidos.
El dirigente comunitario advirtió que de no obtemperar al llamado de las entidades, estarán anunciando en los próximos días acciones orientadas a movilizar el municipio y sus organizaciones, y emprender además las iniciativas en el plano legal que sean necesarias, hasta lograr preservar los terrenos
El grupo habló en rueda de prensa en el Colegio de Periodista, y participaron, además, la Asociación de Juntas de Vecinos Sábana Perdida Sur, Asociación de Juntas de Vecinos Sábana Perdida Norte.
Confía en que la justicia actúe en litis
Jean Rodríguez, desde que asumió como titular de la Procuraduría General República, ha sido muy enfático en asegurar que todos los casos que lleguen a la institución serán tratados con responsabilidad y dedicación para hacer cumplir la ley sin importar investiduras, cargos ni coyunturas. Héctor Féliz, presidente de la comisión de contratos de la Cámara de Diputados dijo que darán por cerrado este tema en lo que a su competencia corresponde, y que ahora le atañe a otras instancias, como la Procuraduría.
El caso ha llamado la atención en el país
El caso de los terrenos de Duquesa ha llamado la atención en el país, por tratarse de suelos cedidos para la operación de los desechos sólido, así lo plantea el diputado Radhamés González, miembro de la comisión de contratos. El legislador entiende que la falsificación para obtener los documentos para finalmente lograr un título del Tribunal de Tierras, demuestra que detrás de todo este accionar existen malas intenciones.
