El procurador general de la República llamó a los jueces a ser más drásticos al momento de tomar una decisión en los casos que afecte a la colectividad. “Debemos ser mucho más drásticos, deben pensar que hay una sociedad que está ahí, que luce indefensa”, dijo Radhames Jiménez Peña al ser cuestionado sobre las decisiones emitidas por los tribunales en los casos de robo de cables y piezas de metal. Agregó que los magistrados deben poner el interés general de la sociedad por encima de las simples cuestiones procesales.
Con relación al mismo tema, el Procurador General para el Sistema Eléctrico (PGASE), Moisés Ferrer, también pidió a los jueces ser más rigurosos en sus sanciones por la magnitud del daño que provocan los imputados de este delito.
Explicó que en el caso de la torre de Bonao las pérdidas ascienden a más de RD$10 millones de pesos, y si se calculan todos los daños hechos solo a torres eléctricas (Bonao, Azua, San Pedro, Puerto Plata, la Victoria), podrían ascender a RD$100 millones de pesos.
Ferrer exhortó que los casos de robo al cableado eléctricos no se tipifiquen como robo simple, porque tienen una mayor connotación. Dijo que en lo que va de año han apresado más de 30 personas, alrededor de trece fueron recluidos y los demás están en libertad.
Los funcionarios hablaron antes del inicio de un diplomado para capacitar a fiscales, representantes del Ministerio Público y personal técnico en la persecusión del fraude eléctrico.
En el acto, Ferrer habló de las pérdidas del sector eléctrico producto del robo de energía, y cómo se ha ido avanzando. “En el período agosto 2010-Agosto 2011 se estimó que el 85% de las pérdidas en las empresas distribuidoras de electricidad constituían el resultado de factores “no técnicos” incluidos los relacionados con el fraude o robo de electricidad”.
