Las reflexiones con miras a la mejora de la calidad de los programas de educación médica son de carácter universal. En Estados Unidos, The American Medical Association (AMA) ha trabajado desde el año 2005 en lo que se denomina “Iniciativa para Transformar la Educación Médica”. A partir de esta se han concentrado esfuerzos para expandir los criterios de admisión, promover el trabajo en equipo y la interdisciplinaridad, implementar nuevos modelos de evaluación que abarquen todos los objetivos del programa (conocimientos, destrezas, actitudes) y realizar cambios en el ambiente de aprendizaje (AMA, 2007).
En países menos desarrollados estas temáticas tienen mayores implicaciones dentro del sistema de formación de especialistas de la salud.
En muchos casos no se cuenta con programas nacionales de Residencias Médicas que regulen esta modalidad de aprendizaje en servicio, y se perciben debilidades en la transparencia del pago de servicios, en la carga horaria y en la dedicación exclusiva al hospital sede. Y, sobre todo, en la pobre calidad del aprendizaje producto de la falta de un currículum diseñado especialmente para responder a ese tipo de escenario didáctico.
En nuestro país, la necesaria vinculación con las universidades es parte importante del panorama actual de las Residencias Médicas; las autoridades de salud requieren el aval de las instituciones de Educación Superior para titular la formación de estos profesionales.
Esta relación se expresa en el Reglamento que norma estos programas desde el Ministerio de Salud Pública, en una categorización que establece niveles en función del empoderamiento de las diferentes instituciones involucradas en el proceso de selección y formación de los médicos residentes.
Desde los inicios de esta experiencia formativa, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es la única institución de Educación Superior que se encuentra en el nivel I, las demás universidades han sido ubicadas en el nivel II de este Reglamento.
Las instituciones ubicadas en el primer nivel (Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social, UASD, AMD y el IDSS) son las que dictan las normas, políticas de operación y reclutamiento.
En sentido general, las universidades del nivel II, que avalan estos programas, confrontan importantes problemas en la gestión académica.
Acreditar un proceso docente fuera de los recintos universitarios pudiera constituir un verdadero “acto de fe”, en el cual se delega prácticamente la totalidad de las responsabilidades a un personal de cual las universidades están desvinculadas, si partimos de las limitaciones legales y administrativas que impone el Reglamento citado.
Algunas de nuestras universidades han impulsado infructuosos esfuerzos de cambio en dicho Reglamento, en procura de garantizar una mayor participación e incidencia en los procesos de formación de nuestros especialistas. Los ministerios responsables del tema deben sentarse al diálogo con las universidades que acreditan la formación. Es un tema impostergable, si la Nación quiere avanzar seriamente en la salud y la educación. l
