Las pasadas elecciones pusieron al descubierto las profundas debilidades que aún persisten en la democracia dominicana. Por esta razón, las reformas políticas no pueden esperar más tiempo. No existen excusas para retrasarlas, pues ya no tenemos los procesos electorales cada dos años, los cuales impedían el necesario consenso para llevar a cabo la modernización de nuestro sistema político. Estas reformas deben ir en dos direcciones, una dirigida a enfrentar la crisis de representatividad del sistema de partidos, dotando a las organizaciones partidarias de una mayor democracia interna, transparencia e institucionalidad; la otra, debe procurar los cambios necesarios del sistema electoral, generando condiciones para una competencia basada en la equidad y el respeto al ejercicio libre del voto.
Inmediatamente concluidos los comicios, tanto el presidente electo Danilo Medina como el candidato del PRD Hipólito Mejía, hicieron referencia a la urgente necesidad de una ley de partidos políticos que corrija los males que, a lo largo de las últimas décadas, han venido padeciendo los partidos. Esto crea un clima propicio para el impulso de las reformas pendientes.
El debate no es nuevo, la primera iniciativa de ley fue promovida por la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (Copryme) a finales de 1999 y la más reciente en junio del pasado año por la Junta Central Electoral (JCE). Hasta el momento, ha habido una fuerte resistencia a la aprobación de una ley que regule a los partidos.
Por otro lado, con la aprobación de la Constitución del 2010, quedó obsoleta la ley electoral 275-97. En tal sentido, en noviembre del pasado año, la JCE apoyada por a la OEA, elaboró y presentó un proyecto de ley orgánica del Régimen Electoral, el cual, lamentablemente, no fue conocido por el Congreso antes de las pasadas elecciones. Esperemos que el Poder Legislativo se disponga a dar prioridad a estas reformas políticas. Es necesario que en la nueva legislatura que inicia a partir de 16 de agosto, se le dé curso al debate y aprobación de estas iniciativas de leyes. No podemos llegar a otras elecciones con los mismos vicios y debilidades que se registraron en el proceso electoral pasado.
Ahora bien, en materia electoral tenemos un gran déficit institucional que deberá ser corregido. Las reformas por sí solas no bastan, es necesario crear instituciones fuertes e independientes que sean capaces de hacerlas cumplir. Se requiere además, de un cambio verdadero en las prácticas y actitudes de los partidos políticos y sus líderes, dirigido a consolidar una cultura política realmente democrática.
