Santiago.-Los abogados de la empresa Propagas demandaron al pago de 200 millones de pesos por daños y perjuicios a cuatro dirigentes de la coordinadora de junta de vecinos Hermanos Anselmo.
La empresa acusa a los dirigentes de falsificar 29 firmas y 29 sellos en perjuicio de la empresa.
Mediante acto de alguacil número 453/2013 del 26 de febrero del presente año, ejecutado por Yira María Rivera Raposo, los abogados Guillermo Estrella Ramia y Leidy Peña Ángeles, en representación de la empresa Propanos y Derivados, presentaron la demanda contra Rafael Domínguez, Francisco Beato, Rafael Bretón y Rafael Rodríguez.
Dicha demanda también va dirigida contra Félix Almánzar, Winston Vásquez y Jorge Luis Rodríguez, abogados de la parte citante.
La citada demanda ha surgido como consecuencia de la presunta comprobación realizada por el notario público, Roberto Antonio Gil López, mediante la cual se certifica que más del 90% de las organizaciones representadas por Félix Antonio Almánzar, Winston Vásquez Varela y Jorge Luis Rodríguez en la acción de amparo colectivo tendente a la paralización de las operaciones de la planta de gas, no han dado su consentimiento ni verbal ni escrito para que dichos abogados las representen en dicha acción. El caso será sometido por la cámara civil y comercial.
La acción es calificada como un acto de desesperación de parte de los abogados.
La envasadora fue levantada en la avenida Bartolomé Colón, cercana al Hoyo de Julia.
Apuntan mediante un documento que la planta fue impuesta con la fuerza de dinero, influencia de poder y en contra de los pobladores de las comunidades vecinas afectadas.
Dicen que la acción fue tomada en represalia debido a que el pasado jueves 31 de enero, la magistrada Rosemary Veras Peña, de la presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santiago, dictaminó el cierre temporal de la citada planta de gas.
La decisión fue ratificada el14 de febrero, la magistrada Veras Peña. El 20 de febrero el procurador fiscal de medio ambiente, Jacinto Mejía, ante requerimiento de los afectados, procedió en compañía de la fuerza pública, a paralizar las operaciones violatorias y en desacato de una orden judicial del tribunal competente.
