Como lamentablemente en nuestro país el Estado se concibe como un botín político del cual toda la larga clientela pretende recibir una parte sin que importe cuán maltrechas estén las cuentas públicas, la expectativa de muchos es sustituir a los que están para recibir iguales o superiores beneficios. Por eso, en vez de que el principal debate esté siendo cómo vamos a reducir y racionalizar el Estado, la mayor preocupación es saber quiénes van a sustituir a los que ahora están.
Dentro de esta vaciedad ha surgido un elemento que podría ser un paso de avance y es el intento de crear políticas uniformes para los recursos humanos del sector público. Sin embargo, como el proyecto de ley se ha vendido únicamente como una regulación de los salarios públicos el debate erróneamente se ha centrado en quiénes deben ser excluidos de su ámbito de aplicación.
Y no es únicamente de esto que trata y debe tratar dicha legislación. Lo que el país necesita urgentemente es de reglas claras que gobiernen a los empleados públicos para evitar la discrecionalidad que ha caracterizado la auto asignación de salarios y pensiones, gastos indiscriminados de viajes en clase de negocios y caros hoteles para cualquier funcionario, el disfrute de escandalosas dietas por asistencia a reuniones de consejos que son parte de las funciones del cargo que se ostenta, el uso sin los debidos controles y transparencia de tarjetas de crédito corporativas, exageradas asignaciones de combustibles, otorgamiento de escoltas a todos los funcionarios sin justificación alguna y muchas veces en número excesivo, entre otros aspectos; en contraste con bajos salarios para funcionarios tan importantes como jueces y fiscales.
Estas regulaciones que sin necesidad de una ley rigen para las empresas organizadas, son muy necesarias para un sector público que a veces carece de dolientes. Si bien hay que asegurar la competitividad de organismos clave, muchos de los cuales funcionan bastante bien, se pueden adoptar perfectamente políticas comunes que gobiernen a todo el Estado con racionalidad y coherencia, sin llegar al extremo de ser camisas de fuerza.
Nuestro Congreso tiene la oportunidad de contribuir a que avancemos en la dirección correcta ante la coyuntura ideal de un nuevo gobierno con urgente necesidad de austeridad. Pero para esto tendría que aprobar una ley que satisfaga las expectativas de orden y racionalidad, que respetando las independencias de poderes y autonomías establezca políticas generales de recursos humanos para todo el Estado que puedan ser efectivamente aplicadas y no simples buenas intenciones que para implementarse requerirán de años y que trasladarán la presión del Congreso al Ministerio de Administración Pública para que jamás salgan los reglamentos.
Por eso nuestro problema no es solo cuestión de que hay más cabezas que sombreros. Quizás lo que más falta hace es precisamente cabezas que estén dispuestas a hacer que cada quien se ponga el sombrero que le corresponde tener y sea responsable de cómo lo lleva, o que si no, como dice la vieja canción, pague las consecuencias si rompe algún farol.
