El trance fiscal por el que atraviesa la economía dominicana es la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda. No es sólo el fisco el que está en crisis sino el modelo económico y social, el cual no sólo no ha traído desarrollo humano, sino que ya no genera crecimiento.
El persistente déficit presupuestario que se ha generado desde 2008 no es sólo el resultado de un ejercicio fiscal irresponsable, sino de un aparato económico que creció casi exclusivamente en base a exenciones, y de un gasto público que ha servido en demasía para alimentar ambiciones económicas de algunos grupos en detrimento de la provisión de bienes y servicios públicos indispensables para el desarrollo. Son las fuerzas que han estado detrás de las exenciones y del gasto improductivo las que en última instancia explican el desastre fiscal. En ambos casos se trata de grupos de poder económico y político beneficiarios del estado de cosas.
Por el lado de los ingresos, hay una evidente incapacidad para recaudar adecuadamente porque con mucha frecuencia, los sectores que más han crecido han estado exentos, y hoy siguen exentos pero sin crecer como lo hacían. En pocas palabras, hoy tenemos un estanque con poca agua y muchos hoyos en la red. Es por ello que la pesca es exigua.
Las exenciones son armas de políticas públicas no sólo legítimas sino necesarias. No hay experiencia de desarrollo en el mundo en las que en sus fases tempranas no hayan recurrido a las preferencias fiscales para apuntalar sectores seleccionados. Sin embargo, el impacto de los sesgos fiscales tiene un efecto limitado en el tiempo, y que aunque sirven para crear e impulsar sectores nacientes, son mucho menos efectivos para sostener su desarrollo a largo plazo y para impulsar su transformación competitiva. Más temprano que tarde, se hace necesario el cambio desde esos instrumentos que inflan ganancias para incentivar la inversión hacia otros que apuntalen, por ejemplo, el aprendizaje tecnológico. Cuando estos privilegios se prolongan en el tiempo, no sólo crean rentas indeseables sino que lisian al sistema tributario, haciéndolo incapaz de capturar parte de la riqueza que en principio contribuyó a crear. Los sectores terminan no devolviendo al Estado y a la sociedad lo que éstos les aportaron para que despegaran, y terminan acumulando poder suficiente como para bloquear cualquier reforma que limite esos privilegios.
Si por el lado de los impuestos y las exenciones los beneficiarios han sido algunos sectores económicos, por el del gasto han sido los grupos políticos convertidos en o asociados a grupos económicos. La elevada discrecionalidad con que manejan los fondos públicos tiene que ver con vacíos y debilidades legales e institucionales, con que la impunidad sigue siendo regla porque los actores del sistema de justicia tienden a coludir o a subordinarse al poder partidario, y con que hay un débil poder ciudadano.
Estos factores se han combinado para permitir que el gasto público sea en mucho un instrumento de negociación y de apuntalamiento de proyectos económicos y de poder de esos grupos. De allí que la calidad, la estructura y el monto del gasto sean indeseables para el desarrollo. Aunque los grandes proyectos de infraestructura son la muestra más visible de esa alianza político-empresarial, esa lógica se expresa en muchos otros niveles y es cuasi-generalizada.
Y es precisamente la ineficacia del gasto que se deriva de esa lógica la que sirve de argumento para que muchos sectores se opongan a que se les limiten los privilegios. Se resisten a ser como el resto de los mortales que pagan impuestos sin recibir suficiente a cambio. Y hasta ahora han tenido poder para salirse con las suyas, y hacer que sean otros los que paguen.
En síntesis, es el modelo económico, social y político el que está en crisis; un modelo que ya no genera crecimiento y que en lo fiscal se expresa en exenciones y privilegios para unos pocos, y en un poder desmesurado y sin contrapesos para los grupos en el gobierno. Por ello, la solución, aunque aparente fiscal, es en el fondo de distribución del poder y la riqueza y debe apuntar a reducir los privilegios excesivos y estériles, y la discrecionalidad desde el poder.
