En once días vence el plazo otorgado por la Ley para que los ciudadanos residentes irregularmente en el país se registren. Es el vencimiento de una prórroga concedida en octubre pasado, mediante una decisión del Congreso a instancia del Poder Ejecutivo. De modo que el proceso cierra indefectiblemente.
Como siempre, esas circunstancias generan tensiones, y la mayor población de extranjeros y algunos fanatizados defensores están recurriendo a toda suerte de argumentos peregrinos, con la intención de corromper un procedimiento que se ha aplicado de acuerdo con la Ley y mediante unos estándares de calidad que a la postre serán reconocidos.
En ese sentido, es importante que las autoridades mantengan la ecuanimidad, que no escuchen voces insensatas y se sometan al imperio de la Ley, y particularmente, que actúen guiadas según las normas que prevé el Derecho.
Para eso es necesario que el proceso no se relaje.
Asimismo, en ninguna circunstancia deben ejecutarse deportaciones masivas, que den pie a las campañas ya conocidas de descrédito contra la República Dominicana.
Concordamos en que es necesario que el Estado establezca un protocolo de repatriaciones. Naturalmente, no puede ser bajo los criterios que pretende imponer el Servicio Exterior de Haití. Pero debe existir un mecanismo que resista la vigilancia de la comunidad hostil internacional.
Saludamos que las autoridades haitianas estén estableciendo centros de acogida de sus ciudadanos. Sería prudente que los mismos no sean ubicados al borde de la frontera. Tampoco debían propiciar el montaje de un show mediático bajo el título de “refugiados”.
Se sabe, tanto en Haití como en el Gobierno dominicano, que el 95% de los inmigrantes ilegales tiene ascendencia y descendencia allá. La mejor prueba es el creciente envío de remesas formales e informales. Es decir, todo ilegal tiene un pariente que lo espera allá y en consecuencia sabe perfectamente adónde ir.
Lo importante es que las repatriaciones se realicen en orden, con el mayor respeto y consideración a las personas, a las familias, incluidos los bienes que hayan podido fomentar en el país.
Todo debe hacerse bajo el imperio de la Ley.
