Que renuncie

La advertencia del ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo de que los funcionarios del gobierno que al 30 de este mes no hayan presentado su declaración jurada de bienes quedarán excluidos de la nómina pública es una reiteración del presidente&#8

La advertencia del ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo de que los funcionarios del gobierno que al 30 de este mes no hayan presentado su declaración jurada de bienes quedarán excluidos de la nómina pública es una reiteración del presidente Danilo Medina acerca de que los servidores públicos deben asumir la transparencia como una norma de actuación.

La mejor manera para comenzar es diciendo al país con qué bienes cuentan al entrar al gobierno y que haya correspondencia con su estado de situación al momento de abandonar el puesto.

Esa intención se afirma con una declaración posterior, emitida el martes, un día después del anuncio de Montalvo, del Tesorero Nacional, mediante la cual precisa que en el gobierno central, es decir, bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, sólo hay 61 servidores que no han presentado la declaración jurada de bienes, lo que contrasta extraordinariamente con los 4 mil 727 funcionarios de la Nación que no han presentado su estado a la Cámara de Cuentas de la República.

El plazo dado por el gobierno a sus dependientes vence el 30 de este mes y es muy probable de que antes de ese día el grueso de los faltantes haya realizado su declaración.

¿Dónde está el resto de los incumplidores de la ley 311-14? En el Congreso, entre los representantes al Parlamento Centroamericano, los municipios y las juntas distritales.
Aunque la ley habla de los funcionarios públicos, no faltará alguno de los elegidos que diga que como no maneja recursos del Estado, no estaría obligado a presentar documentación. En cambio, hay quienes piensan que deben hacerlo con mayor razón. No tienen nada que ocultar.

En cualquier caso, se trata de una ley, y la ley se hizo para cumplirla. Más aún, la función pública se fundamenta en la transparencia y la rendición de cuentas. Y desde esa perspectiva no hay razón para la resistencia.

Total, nadie está obligado a desempeñar una función que lo exponga al público o limite su privacidad. Sólo queda un camino: la renuncia. El funcionario, designado o elegido, que no esté cómodo declarando sus bienes, simplemente, que deje el cargo.

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