La publicación de una carta supuestamente enviada a Leonel Fernández por el narcotraficante Quirino Paulino Castillo, cobrándole un préstamo de campaña electoral, sin que dos semanas después no haya sido desmentida por el líder del PLD, deja al país aturdido y a él en muy deplorable cuestionamiento. Es posible que este escrito sea un apócrifo y quisiera, en verdad lo digo, que así lo fuera. De ser auténtica sería muy doloroso aceptar que estuvimos gobernados por alguien con ese tipo de nexos con un representante del crimen organizado. El exmandatario no puede ser tan cara dura para pretender que, como tantas veces en nuestro país, el silencio en conjura con el tiempo se encargue de extinguir las llamas de este incendio.
La necesidad de una aclaración se le hace más necesaria por cuanto ayer, el periodista que divulgó la carta, Salvador Holguín, le aseguró a un popular programa de la mañana haber recibido una llamada telefónica del capo en su espacio de televisión una hora antes confirmando la autenticidad de la carta y añadiendo otras intimidades de sus alegadas relaciones con el expresidente y su fundación, la más activa del país. No se trata esta vez de una de esas frecuentes denuncias que se leen o escuchan en los medios que los afectados pueden dejar pasar sin mayores consecuencias. En el caso están en juego demasiados asuntos que implican graves violaciones a leyes y en especial al juramento solemne de hacerlas cumplir y defender así la Constitución de la República.
El expresidente es de nuevo un potencial candidato el año próximo al cargo que ya ejerció por tres periodos. Por respeto a la nación, y a sí mismo sobre todo, está por tanto en la obligación moral de aclarar un escándalo que empaña su reputación y enloda su carrera política, porque como se dice “quien calla otorga” y porque ya, en muchos círculos, se chismea que le han quitado la visa de Estados Unidos, como pasara con Ernesto Samper en Colombia.
