La sociedad dominicana se siente altamente defraudada ante la constatación de la escasa imparcialidad de nuestro sistema judicial y la peligrosa influencia política partidaria que se percibe está incidiendo en el accionar de muchos magistrados.
Esto era algo que temíamos aquellos que prestamos mucha atención al proceso de renovación de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia y designación de los magistrados de los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral efectuada por Leonel Fernández a finales de 2011; pues resultaba evidente que la intención era apoderarse de un poder judicial que había dado sus primeros pasos por el camino de la independencia, lo que quedó confirmado con el resultado.
Pero la ciudadanía no necesariamente se interesa por esos procesos tan especializados ni puede percatarse tan fácilmente de sus terribles consecuencias, lo que ha tenido que ir aprendiendo a golpe de decisiones, que no tienen otra justificación que no sea la injerencia política.
Para la mayoría de la sociedad dominicana el juicio por alegada corrupción contra el senador de San Juan de la Maguana procede, ante la gravedad de los hechos imputados, la credibilidad de las pruebas presentadas por la Procuraduría General y la innegable evidencia fáctica sobre el astronómico incremento patrimonial del senador desde el inicio de su carrera política.
El problema ahora es que el interés demostrado por el Procurador en hacer este juicio realidad, pudiera verse resquebrajado ante las conveniencias políticas de quien lo designa en el cargo: el Presidente de la República, quien en aras de allanar el camino a su proyecto reeleccionista decidió pactar no solo su repostulación, sino también la de todos los legisladores del PLD incluyendo los de su rival Leonel Fernández, entre ellos Félix Bautista.
El empate que se produjo en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en relación con el recurso de apelación contra la decisión de no ha lugar a favor del senador por San Juan de la Maguana dada por el magistrado Moscoso Segarra, uno de sus miembros, entre dos magistrados que entienden que dicha decisión debe ser revocada, y dos que pretenden confirmar el auto de no ha lugar, es una clara demostración del inmenso daño que se ha hecho a nuestro poder judicial al designar en su más alto tribunal a personas con claras simpatías políticas partidarias, pues hayan tomado la decisión por esa razón o no, será casi imposible eliminar la percepción de que lo hicieron por influencias.
Para desempatar ese juego hace falta ahora que el Presidente de la Suprema designe un quinto juez, cuya decisión, de mantenerse las otras cuatro iguales, determinará de qué lado se inclinará la balanza.
El proceso de selección de ese juez no solo está en manos del presidente de la Suprema, sino que los acuerdos y desacuerdos entre los dos líderes del PLD serán el telón de fondo de la obra ¿quién se atreve a poner ese cascabel al gato?, cuyo final de no resultar aleccionador, no solo será visto como la decisión de ese juez, sino como la perversa consecuencia de un acuerdo político partidario; lo que constituiría un nuevo golpe a la alicaída credibilidad de nuestra justicia y a la armonía interna de la Suprema Corte, que ya vivió un sisma con el caso Sunland y que podría perder definitivamente su prestigio si cayera arrodillada por segunda vez frente al mismo contrincante.
