LIMA, Perú.- El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, declaró que el Estado no debe intervenir en la economía de forma arbitraria, pretendiendo aniquilar esa iniciativa privada que sigue constituyendo uno de los pilares de la Constitución.
Explicó que la Constitución proclamada en 2010 es un instrumento esencial para promover la justicia social, el desarrollo económico y humano, la lucha contra la pobreza, y el régimen económico. Manifestó que así lo consigna la Carta Magna, en su artículo 47 y que la alta corte, en apenas 4 años de vida institucional, ha demostrado que es posible velar por la eficacia de sus reglas y principios.
Aseguró que el TC se ha caracterizado por impartir una justicia de calidad, conectada con el ciudadano y sus problemas, e incluso de aquellos “poderes salvajes”, como los definió el jurista italiano, Luigi Ferrajoli.
Hizo sus señalamientos en el marco de la XI Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional: Estado Constitucional y Desarrollo Económico, que se desarrolla en Lima Perú a la que asiste junto a los magistrados Víctor Joaquín Castellanos y Justo Pedro Castellanos, además del doctor Nelson Reyes Ureña, director de Relaciones Internacionales e interinstitucionales del TC.
El magistrado Ray Guevara participó en el panel “Jurisdicción Constitucional y Desarrollo Económico”, que fue moderado por el magistrado peruano Eloy Espinosa Saldaña Barrera y que tuvo como participantes a los magistrados Ernesto Blume Fortini, de Perú, Roberto Lara Chagoyán, de México y Joaquín José Coelho de Souza, presidente del Tribunal Constitucional de Portugal.
En su ponencia el magistrado Ray Guevara reseñó los precedentes más relevantes del Tribunal Constitucional que preside, en lo relativo al desarrollo económico, precisando que en sus primeras decisiones conoció acciones directas en inconstitucionalidad “heredadas” de la Suprema Corte de Justicia, otrora competente en materia de control de la constitucionalidad.
Entre esas decisiones citó las sentencias TC/0027/12, TC/0049/13 y la TC/0010/15, donde el Tribunal determinó que medidas tomadas por el Ministerio de Industria y Comercio, lejos de obstruir la libertad de empresa, contribuyen al desarrollo económico.
Además la sentencia TC/0058/13, con la corte rechazó la acción directa en inconstitucionalidad y declaró conforme con la Constitución las disposiciones normativas en materia de derecho a la educación
El magistrado Ray Guevara explicó que en esas decisiones el TC asumió el compromiso de contribuir y garantizar la interpretación constitucional, el cumplimiento de los principios que fundamentan el régimen económico dominicano, procurando un crecimiento económico orientado hacia la búsqueda del desarrollo humano.
“En el TC estamos cumpliendo con nuestra misión, orientando a los poderes públicos tradicionales, a los demás órganos del Estado y a los agentes económicos hacia el cumplimiento efectivo de los postulados que sustentan la Constitución económica”, señaló.
