El Poder Judicial debería recibir el 2.66 por ciento del Presupuesto de la Nación, de acuerdo con la ley No. 194-04. En este año que termina, las autoridades judiciales solicitaron una asignación presupuestaria de RD$6,003.6 millones. La petición se justificaba en las necesidades rutinarias de la justicia y especialmente para el funcionamiento de nuevas instancias que la realidad obliga a crear.
Entonces, el gobierno nacional sólo le consignó RD$3,362.2 millones, un 44% de lo que le hubiese correspondido, de acuerdo con la ley.
Pese a que las autoridades judiciales no están pidiendo nada que no esté establecido en la ley, no ha surgido un movimiento a favor de la justicia.
Naturalmente, nadie desconoce su importancia. Nadie ignora tampoco que en las sociedades modernas la justicia es garante del orden y fortalece la gobernabilidad.
Lo vivido este año debió llevar al Poder Ejecutivo a incluir a la justicia entre las instituciones mejor beneficiadas del Presupuesto complementario.
Si lo hubiese hecho, quizás no estuviésemos hablando de que algunos procesos obligados no se efectúan porque falta una cosa tan sencilla como material gastable.
Ayer, el presidente del Consejo del Poder Judicial, doctor Jorge Subero Isa, reconoció las limitaciones económicas de la administración judicial, pero ha explicado que la situación no llega al extremo de que por falta de material gastable determinados procesos no se cumplan, y críticamente lo atribuyó a algún nivel de negligencia.
De todas formas, nada asegura que en 2012 no veremos a la justicia manejarse con estrecheces extremas. Las autoridades judiciales han expresado sus quejas. Lo han hecho, y con mucha firmeza.
En su momento, Jorge Subero Isa reclamó la justa asignación presupuestaria. Y este año, surgió un movimiento de servidores que realizó presión para que sus demandas fueran escuchadas.
El gobierno nacional debe revisar su política de financiamiento del Poder Judicial, para que la falta de recursos no sea una fuente más de injusticias para los justiciables. l
